La Junta de Andalucía ha llevado a cabo un recorte de 135 millones a las Universidades Andaluzas sin que nadie se lo haya exigido. Y lo ha hecho de forma unilateral, sin informar a los colectivos implicados, y camuflado en un decreto relativo a juegos recreativos.
Esto supone un grave ataque a las universidades públicas que pronostica su desmantelamiento en favor de las universidades privadas.
Y no solo perjudica al ámbito estrictamente universitario, ya que por cada euro que gasta la universidad retorna en 2,67 a la sociedad. El impacto en Granada ronda los 200 millones (bienes y servicios, alquileres, proveedores, etc.).
Es el momento más inadecuado para este arbitrario recorte, que ahondará aún más la depresión de la actividad económica de nuestra región.