En el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 1948 y aprobada por Cuba en esa misma fecha, se establece: «Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país».

Este derecho se viola en Cuba desde la promulgación de la Ley número 989 en 1962, cuando los procesos migratorios pasaron a ser controlados por el Ministerio del Interior, y se identificó el acto de emigrar como “traición a la patria”, requiriendo un permiso de salida que solo fue eliminado con la reforma migratoria de 2013. La principal sanción por dicho delito era la pérdida de todas las propiedades en Cuba y el no retorno al país de aquellas personas cuya estancia en el extranjero superase el permiso concedido por las autoridades. 

Además de forzarnos a pagar prórrogas de pasaporte con costos excesivos, el Ministerio del Interior aún hoy decide arbitrariamente, y por motivos ideológicos, cuáles cubanos pueden conservar su ciudadanía y cuáles pueden entrar y salir del país, como se demostró el 18 de marzo cuando un funcionario cubano le negó la entrada al país desde Panamá a la ciudadana cubana de 22 años Karla María Pérez (que estudiaba en Costa Rica tras ser expulsada por sus ideas políticas de la Universidad Central de Las Villas), condenándola al desamparo legal y a un destierro efectivo.

La ONU asegura que actualmente hay alrededor de 1.654.684 personas de nacionalidad cubana, fuera de sus fronteras (un 14% de la población). Muchos nos encontramos actualmente en una situación constante de precariedad y de violación de nuestros derechos humanos, solamente por disentir del gobierno entronizado desde 1959. 

Exigimos que nos sea restituido de manera incondicional e irrevocable el derecho a circular libremente, a salir y retornar a Cuba conservando íntegramente nuestra ciudadanía, y que el Estado cubano garantice compensación por todo bien o derecho perdido o dañado en virtud de los principios del derecho internacional y de justicia restaurativa.

Solicitamos el apoyo de la comunidad internacional y de los Estados Parte de las Naciones Unidas para elevar este reclamo a las más altas instancias e impulsar finalmente un proceso de reconciliación nacional.