El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha anunciado para el curso 19/20  un Cheque-Bachillerato para sufragar a las familias madrileñas el coste de los estudios para los alumnos de centros concertados en donde esta etapa educativa no es gratuita,  "atendiendo a un criterio social".

El Gobierno regional estima que la puesta en marcha de este cheque-Bachillerato supondrá una inversión de alrededor de 8 millones de euros para el próximo curso.

Un método infalible para comprobar la cercanía de un período electoral consiste en observar los anuncios grandilocuentes de la Consejería de Educación. El último ha sido el cheque de bachillerato con el que el Gobierno de Ángel Garrido pretende gastar ocho millones de euros para financiar con dinero público el bachillerato en centros privados concertados durante el próximo curso escolar. Se trata de una maniobra que sustrae una ayuda pública a quienes más lo necesitan y, por otro, beneficia a muchos menos de lo que se pretende publicitar.

Mientras decenas de centros públicos han comenzado el curso envueltos en obras y desperfectos, mientras la masificación en las aulas públicas dificulta el día a día de alumnado y profesorado, mientras las escuelas públicas a duras penas pueden asumir la gran demanda de estudiantes, el Gobierno regional vuelve a evidenciar que su prioridad es alimentar la privatización de la enseñanza.

En los últimos años, el alumnado de Bachillerato en los centros públicos ha crecido un 14,7% y en torno a 1.500 estudiantes no encuentran plaza en la región, mientras que la concertada ha aumentado a un ritmo mucho más sostenido, de un 10,2%. Dado que la labor de cualquier gestor público debería consistir en garantizar la igualdad de oportunidades, la solución parece simple: invertir en la pública para asegurar que cualquier joven madrileño pueda optar a una enseñanza digna y de calidad. Es una manera de favorecer a aquellos centros privados que no tienen concierto para mantener a un alumnado que de otro modo optaría por un centro público. 

Por todo ello estamos en contra de esta medida y afirmamos la necesidad de invertir este dinero en los alumnos a través de becas para aquellos que realmente lo necesiten y sobre todo en la escuela pública. No es un tema de libertad de elección, es un tema de privatización encubierta de los servicios.