RECRUDECE PERSECUCIÓN DE USUARIOS MEDICINALES DE CANNABIS EN CHILE

El país está viviendo un proceso de transformación social y política intenso,frente a un modelo abusivo que no permite un mínimo de equidad y justicia social. Esto en un contexto de una peligrosa represión y violencia ejercida por agentes del Estado hacia el movimiento social, hacia líderes y organizaciones comunitarias, hacia el pueblo mapuche. La vulneración de DDHH ha sido constante, con una policía desacreditada y en crisis, recrudeciendo la violencia estatal en todos los niveles. Los usuarios medicinales de cannabis no están libres de esta cruda realidad de persecución y criminalización. El abuso de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía contra las y los pacientes ha aumentado explosivamente en los últimas semanas. 

La cantidad de allanamientos, incautaciones y detenciones perpetrados por las Policías con la anuencia del Ministerio Público, contra pacientes de Fundación Daya y de otros centros médicos cannábicos, quienes ejercen su legítimo derecho a cultivar, amparados en la Ley 20.000, se ha intensificado con graves consecuencias para la salud tanto física como psicológicas de cientos de personas vulneradas en su dignidad e integridad; hemos sufrido 10 allanamientos sólo en las últimas semanas. 

Según reciente encuesta de la Fundación Eutopía, existen en Chile alrededor de 1.800.000 usuarios medicinales de cannabis, los que corren el riesgo potencial de sufrir estas mismas vulneraciones de derechos, que sólo causará más daño a la población y profundizará la desconfianza hacia nuestras desacreditadas instituciones policiales, siendo que la inmensa mayoría de ellos, han encontrado en el cannabis el alivio que los tratamientos convencionales no les otorgaron. Es una invasión a la privacidad y a la libertad de elegir el tratamiento que hoy ya se encuentra disponible en muchos países desarrollados en el mundo.

Es inconcebible que deba resolverse en Tribunales si un cultivo personal para fines medicinales está efectivamente destinado a este fin y es por lo tanto lícito, sin existir antecedente alguno de tráfico, más allá de la mera existencia de las plantas. Eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Esto vulnera el principio de inocencia, al trasladar el peso de la prueba del ente persecutor al imputado. Según cifras del Ministerio del Interior, el  70% de los detenidos por Ley 20.000 son usuarios personales, solo un 30% están vinculadas al tráfico. Esto resulta en una cuantiosa carga económica para el Estado, al desviar inmensos recursos públicos en esta absurda persecución, sin lograr por ello afectar en lo más mínimo las actividades delictuales del Narcotráfico que asola nuestras comunidades. No resulta aceptable que la violencia y la criminalización sea la respuesta del Estado de Chile para los pacientes que, muchas veces abandonados por una salud mercantilizada, optan por esta alternativa terapéutica para mejorar sus vidas. Hacemos un llamado al Ministerio Público a detener esta persecución, a cambiar sus protocolos, a dejar de tratar a pacientes como si fueran delincuentes. 

Eso es lo único que busca la # LeyCultivoSeguro, que la prescripción médica permita  acreditar el fin medicinal del cultivo, evitando así la incautación de las plantas, flores, aceites y kits de cultivo, y que, por supuesto, no detengan a los pacientes. Que la investigación siga su curso, y si encuentran alguna actividad vinculada al tráfico, recién ahí actúen. Exigimos que a casi tres años de la aprobación de la #LeyCultivoSeguro con el 88% de los votos de la Cámara de Diputadas y Diputados, sea puesto en tabla en la Comisión de Salud del Senado, presidida por la Senadora Carolina Goic (DC).

Seguiremos luchando juntas y juntos por el derecho a la salud y a la vida. Adhiere a esta declaración pública. No nos dejen solas, no nos dejen solos, contamos con ustedes.

Fundación Daya

Fundación Mamá Cultiva 

Regulación Responsable Chile