tal como está diseñado este impuesto , basándose su tarifa en la potencia fiscal, resulta especialmente gravoso a los vehículos eléctricos e híbridos, siendo mayoría casi total el caso de que en un vehículo de estas características, con un coste de adquisición mucho mayor (coste que se suele asumir por conciencia medioambiental, con el consiguiente beneficio para todos), encima resulta pagar mucho más impuesto que en el caso de los más contaminantes de gasolina o diesel. Es decir, a la persona que se gasta más dinero para no contaminar el aire que respiramos todos, encima el Ayuntamiento le «castiga» por ello.

Este agravio comparativo viene de cómo se calcula la potencia fiscal, usándose una fórmula anticuada que tiene en cuenta, principalmente la cilindrada del vehículo en los casos que tienen motor tradicional, cada vez más desconectada con la potencia y el valor del vehículo, por la tendencia, casi total actualmente, de que los motores cuenten con un turbo, que aumenta la potencia sin aumentar la cilindrada. En el caso de los eléctricos se usa una fórmula mucho más simple que consiste en dividir la potencia entre 5,152. En el caso de los híbridos, el caso debe ser mucho más sangrante pues se aplica esta misma fórmula, pero contando la suma de la potencia del motor de gasolina y el eléctrico, sin tener en cuenta de que, en estos casos, la potencia del motor eléctrico se puede desarrollar sólo durante escasos periodos de tiempo, lo que dura la carga de su pequeña batería, ya que una vez agotada, el motor eléctrico no funciona, debiendo esperar a cargarse para volver a usarlo. Ello resulta en que un vehículo a gasolina medio, andará entre 8 y 12 caballos fiscales, con una potencia real que puede superar perfectamente los 150 caballos, mientras que el eléctrico o híbrido medio superará en casi cualquier caso los 14 caballos fiscales, llegando, en el caso de algunos híbridos enchufables, a superar los 20, lo que les hace pagar la máxima tarifa.