Solicitamos que por parte del Gobierno se tomen las medidas necesarias que garanticen el acceso a todas las personas a la energía (electricidad y gas), con un auténtico Bono Social y la prohibición de los cortes de suministro por impago en caso de personas de bajos ingresos (entre los que se encuentran muchos pensionistas y jubilados), involucrando a las empresas suministradoras en estas acciones.

Exigimos al Gobierno una bajada del IVA aplicable a estos suministros, actualmente del 21%, con un tipo de IVA que no debería superar el 10%.

Denunciamos el continuo incremento de las tarifas energéticas, que sólo benefician a las empresas eléctricas y de gas y que están llevando a un empobrecimiento generalizado a los pensionistas, jubilados, y al conjunto de la población.

La imposibilidad, por parte de los hogares, de hacer frente al pago de los suministros energéticos (electricidad y gas, fundamentalmente), así como el hecho de destinar un porcentaje desproporcionado de los ingresos para pagar estos suministros, es lo que se denomina pobreza energética.

Es un fenómeno que se está extendiendo por toda Europa y que afecta de forma singular a nuestro país. Aquí, la combinación del aumento disparatado de los precios de la energía doméstica, sobre todo el de la electricidad, con un incremento del 60 % desde 2007, con la reducción de los ingresos de las familias en el mismo periodo de un 8,5 % de media, ha supuesto que millones de personas se vean afectadas por este tipo de pobreza.

La pobreza energética supone pasar frío en invierno y calor en verano y, en muchos casos, habitar  viviendas con humedad, además de no disponer del mínimo necesario de agua caliente ni de la suficiente iluminación. Una situación en la que se encuentran alrededor de cuatro millones de personas. Mientras que los hogares que se ven obligados a destinar un porcentaje desproporcionado de sus ingresos a pagar estos suministros llega al 16,6 %, lo que equivale a siete millones de personas. Cifra esta última en la que se incluyen esos cuatro millones de personas afectadas en mayor medida por estas situaciones.

Esto supone una merma grave de la calidad de vida de las personas, además de su empobrecimiento, al impedir que puedan destinar una parte mayor de sus ingresos para cubrir otras necesidades básicas, y que, en los casos más graves, condenan a la exclusión social a estas personas y afectan a su salud, provocando muertes prematuras, sobre todo de personas mayores, que se calcula que podrían ascender a 7.200 fallecimientos, evitables si se erradicara el problema.

El cobro del consumo eléctrico se nos presenta a través de un recibo de tarifa eléctrica en el que se factura por dos conceptos: por potencia y por energía consumida. Es lo que se denomina factura eléctrica de carácter binomial.

Denunciamos los continuos incrementos de las tarifas energéticas en España, que sólo benefician a las grandes empresas eléctricas y que nos conducen a un empobrecimiento generalizado de los pensionistas, jubilados y de los trabajadores/as.