Es de alto conocimiento la situación extraordinaria en los últimos cuatro meses por la que atraviesa no tan solo Puerto Rico, sino toda la nación norteamericana, y el mundo. En los últimos cuatro meses, más de una decena de estados se han dado la tarea de tomar decisiones extraordinarias. Es por ello por lo que nos expresamos ante esta Honorable Junta Examinadora, Honorables jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Honorables miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, a cualquier otro personal competente, y considere nuestra petición.
 
Comenzada la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos, muchas de las fechas previstas para la administración de la reválida de Derecho fueron pospuestas, o canceladas. Inclusive, tres estados como lo son Washington State, Utah, y Oregon fueron más atrevidos, rayando en la vanguardia. Estos, además de cancelar la administración de la reválida, admitieron al ejercicio de la abogacía a todos los estudiantes graduados de alguna escuela de Derecho acreditada por la American Bar Association entre los años 2019-2020, más aquellos que repetían el examen.
 
Luego de esta situación, peritos en las áreas de sociología, economía, psicología, y antropología, de universidades como Harvard, Yale, y Princeton, junto con abogados recién graduados, crearon un movimiento llamada “Diploma Privilege For All”, abogando por la cancelación de la administración de la reválida de Derecho en el resto de los estados, ya que un sinnúmero de estudiantes estaba dejando saber las limitaciones económicas, y laborales con las que contaban. Hasta el momento, se han recogido miles de firmas a través de 35 estados, más el Distrito de Columbia, para la consideración de los respectivos tribunales de los estados, y asumir una postura beneficiosa para los aspirantes de la licencia de la abogacía.
 
En Estados Unidos, muchos de estos estudiantes atraviesan por momentos difíciles debido a la pandemia del COVID-19. La posposición de la fecha de la administración de la reválida de Derecho, además de crearles ansiedad e incertidumbre, ha provocado el agotamiento de sus ahorros, recursos, y licencias laborales que habían tomado. Muchos de estos estudiantes se encuentran desempleados, y son padres de familia. Se han visto afectados por familiares que desgraciadamente se han contagiado, o hasta fallecido, y se han quedado sin empleo. Tomando en cuenta que esta situación ha sido paralela con la de Puerto Rico, debemos añadir, además, que en los últimos tres años nosotros como estudiantes hemos vivido los estragos del cambio climático, y la inestabilidad económica como ningún otro estado. En los últimos tres años la isla ha atravesado dos huracanes, la inestabilidad política del Verano del 19, terremotos en el área sur de Puerto Rico, y ahora sumándole una pandemia que ha trastocado la vida de cada uno de nosotros como puertorriqueños. Sin olvidarnos también que la temporada de huracanes ha comenzado, y los pronósticos aseguran la alta probabilidad de Puerto Rico a ser azotado por un nuevo sistema.
 
Hasta la fecha, los estados de Washington State, Utah, Oregon, Lousiana, Wisconsin, y Minnesota, han recurrido a la provisión extraordinaria del “Diploma Privilege”, permitiendo la admisión de los estudiantes aspirantes al ejercicio de la abogacía a la práctica del Derecho. Por otro lado, los estados de Nueva York, Arkansas, Texas, Virginia, Maryland, el territorio de Washington DC, y otros, han optado por impartir el examen en línea, pero entiende el movimiento, al igual que nosotros, que esta determinación es experimental, y que no todos los estudiantes cuentan con las mismas variables para la toma eficaz del mismo. No todos los estudiantes cuentan con un acceso seguro al internet, ni con la tecnología que esto conlleva, sin olvidarnos lo frágil que han estado las líneas de internet en este periodo tan tenso entre los “hackers”, y los gobiernos de los distintos estados, como el federal. La guerra cibernética entre las potencias económicas es un hecho, y Puerto Rico no está exento por la naturaleza de nuestra relación con Estados Unidos. 
 
Como comenzamos expresándonos al principio, esta situación extraordinaria por la que atraviesa Puerto Rico requiere de medidas extraordinarias, como pueden ser la comprensión del sacrificio llevado por los estudiantes aspirantes al ejercicio de la abogacía durante todos estos sucesos catastróficos en los que nos hemos sumergido durante los últimos tres años. Con urgencia, nos dirigimos a esta Honorable Junta Examinadora, y Honorables jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Honorables miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, a cualquier otro personal competente, y peticionamos respetuosamente que se tomen en cuenta las variables que nos perjudican. Que se enmienden los requisitos para ejercer la profesión de la abogacía en Puerto Rico a estudiantes graduados de alguna universidad acreditada por la American Bar Association entre los años 2019-2020, aquellos que están aspirando a repetir el examen, y que sean admitidos a la práctica de la profesión de la abogacía. Entendemos que sería más que justo, ya que existen los mecanismos competentes para regular la práctica de la profesión.