En los últimos días fuimos testigos de la violenta represión y la grave violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Se han producido la muerte de dos jóvenes valerosos, detenciones arbitrarias, más de 200 heridos por diversos tipos de proyectiles, la obstrucción del trabajo de las y los abogados y miembros de la prensa, así como el secuestro y la tortura de población civil que debe esclarecerse. Ayer martes 17, el señor Francisco Sagasti asumió la presidencia transitoria del país, abriendo la posibilidad de recuperar la confianza quebrada entre la ciudadanía y el Estado.

Frente a este contexto las organizaciones y colectivos de sociedad civil abajo suscritas, demandamos:

1. Investigación exhaustiva e independiente de las violaciones a los derechos humanos, garantía de protección de las pruebas y sanción a los responsables. Se debe investigar el accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra los participantes de las movilizaciones pacíficas. Rechazamos que los voceros de la PNP no den respuestas claras ni contundentes sobre el uso de proyectiles prohibidos, ni la existencia de detenciones arbitrarias y desapariciones de jóvenes manifestantes.

2. Garantizar  atención y reparación integral a todas las personas heridas y retenidas ilegalmente durante las manifestaciones. El Estado debe cubrir el 100% de los gastos médicos y de rehabilitación, así como reparar económicamente y brindar soporte emocional  a los familiares de los fallecidos. Para ello se debe crear una partida especial en el presupuesto anual para su ejecución por el MINJUS.

3. Garantías de no repetición. Desactivación Grupo Terna, Derogatoria de la Ley 31012, comisión de expertos independientes que proponga reformas institucionales para garantizar la gestión adecuada de manifestaciones, a fin de garantizar el derecho a la protesta pacífica.

4. Un camino al futuro. La actual crisis desnudó la precariedad de nuestra institucionalidad y del sistema democrático. Urge avanzar en la búsqueda de cambios estructurales. Un primer paso es permitir a la ciudadanía opinar sobre la necesidad de una nueva Constitución estableciendo una #SegundaUrna el 11 de abril, día de las próximas elecciones generales.

El Estado peruano le debe al país un sincero pedido de perdón por todo lo ocurrido, debe garantizar una transición con respeto irrestricto a los derechos humanos, incluyendo la lucha contra la violencia, la discriminación de género, étnico-racial y toda forma de exclusión.

Perú, 18 de noviembre de 2020