Señor presidente electo, Pedro Castillo

Señores y señoras congresistas para el período 2021-2026

El Perú y el mundo se encuentran en una situación económica y ambiental sumamente crítica, y es necesario tomar decisiones sabias ahora para impactar positivamente en el futuro de muchas generaciones. Hasta el momento, la pandemia del COVID-19 ha causado en nuestro país casi 200 mil personas fallecidas, millones de empleos se perdieron, volvió a crecer la pobreza y la desigualdad, y el fantasma del hambre nuevamente amenaza a los más vulnerables. Impulsar la reactivación económica es una urgencia impostergable. Al mismo tiempo, en el ámbito ambiental, la humanidad enfrenta el riesgo del colapso ecológico si no detiene en esta década las tendencias actuales de contaminación y explotación insostenible de recursos naturales.

El cambio climático — causado por prácticas como la quema de combustibles fósiles para la generación de energía y la deforestación de bosques, la cual el año pasado llegó a 190 mil hectáreas en nuestro país — está trayendo consigo una mayor extinción de especies; fenómenos climáticos cada vez más extremos; escasez de agua; menor productividad agrícola; y otras consecuencias que repercuten directamente en la economía y la calidad de vida de las personas. El Perú no es ajeno a este fenómeno, pues aún sigue atado a una matriz productiva extractivista con tendencia a la baja productividad y alta huella de carbono. Según el BCR, casi el 90% de nuestras exportaciones corresponden a productos primarios; y dentro de estos, el 65% le pertenece a la minería, petróleo y gas, y el otro 24.6% pertenece a productos agropecuarios y pesqueros. Esta realidad nos exige repensar el rol que cumple la extracción de recursos naturales en la economía nacional, en el contexto de emergencia climática, y a tomar decisiones ahora para transformarla.

Planteamos a las nuevas autoridades del Ejecutivo y Legislativo impulsar una reactivación económica que vaya de la mano con una transición ecológica y limpia; para así cambiar el extractivismo contaminante por actividades económicas más sostenibles. Nuestro país tiene la oportunidad de promover el empleo y reactivar la economía de las familias peruanas sin profundizar un modelo de desarrollo que depreda la Naturaleza, transformando la economía del país para adaptarnos a los retos ambientales del siglo XXI.

Para ello, proponemos:

● Programas de empleo de emergencia y fomento de emprendimientos articulados a la adaptación y mitigación frente al cambio climático. Por ejemplo: reforestación, siembra y cosecha de agua, infraestructura verde, movilidad sostenible, manufactura sostenible, entre otros.

● Declarar la emergencia alimentaria. Garantizar financiamiento para las Ollas Comunes y programas de emergencia alimentaria articulados a la producción de la agricultura familiar y ecológica.

● Política nacional de seguridad y soberanía alimentaria. Garantizar la implementación del Plan Nacional de Agricultura Ecológica (PLANAE) y el Plan Nacional de Agricultura Familiar (PLANAF) dotándolos de prioridad política y financiamiento adecuado.

● Protección efectiva de la Amazonía. Combatir las actividades causantes de su destrucción: tala ilegal, minería ilegal, cambio de uso de suelo para la expansión agrícola, narcotráfico, entre otras; invirtiendo en alternativas económicas sostenibles, en diálogo intercultural con las comunidades indígenas y locales.

● Programas de reforestación y de recuperación de bosques degradados con participación activa de los pueblos originarios. Lograr la deforestación cero.

● Cumplir con el compromiso internacional de proteger al menos el 10% de nuestro dominio marítimo, no sólo por la conservación ambiental sino para garantizar la productividad pesquera de nuestro mar. Reorientar la industria pesquera de consumo humano indirecto al consumo humano directo, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, apoyando la pesca artesanal y la acuicultura.

● Aprovechar el nuevo ciclo de altos precios de los minerales sin repetir los errores del pasado, implementando las reformas pendientes en el sector minero en términos ambientales y tributarios y respetando la voluntad de las comunidades locales; además, orientando los excedentes a la diversificación productiva y el fortalecimiento de las economías locales.

● Inversión decidida en energías renovables que nos permitan superar la dependencia de combustibles fósiles: 1) Desistir de nuevos proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos en la Amazonía o en el Mar Peruano; 2) Transformar PetroPerú en Energía Perú, para liderar la transición energética, diversificando su cartera de proyectos para la conversión progresiva hacia energías renovables; 3) Crear el Viceministerio de Energías Renovables en el MINEM.

● Inversión en infraestructura sostenible, que no promueva la degradación de ecosistemas frágiles, sino que los proteja y recupere. En particular, en lo referido a la inversión en carreteras, vías de comunicación y generación de energía en la Amazonía. Descartar por sus altos impactos el desarrollo de hidroeléctricas en la Amazonía.

● Ordenamiento territorial concertado y participativo que permita a cada región identificar sus potencialidades y definir sus prioridades para asignar usos, ocupación e inversión, para lograr el desarrollo territorial en armonía con el ambiente.

● Política de protección integral para los y las defensoras ambientales y ratificación del Acuerdo de Escazú. El cual complementa el esquema vigente en torno a la transparencia de la información ambiental y que implementa compromisos importantes en torno a la protección de los y las defensoras ambientales.

● Garantizar el derecho al agua segura, con una gestión integrada y sostenible. Distribuirla de manera equitativa, protegiendo ecosistemas naturales y fuentes hídricas.

● Fortalecer la autoridad ambiental en todos sus niveles, corrigiendo retrocesos de últimos años que flexibilizaron normas socioambientales principalmente en sectores extractivos. La explotación de nuestros recursos naturales y minerales no debe producirse a costa de reducir los estándares ambientales y sociales.

● Respeto a la consulta previa a los pueblos indígenas y a su derecho a definir sus propios planes de vida.

● Protección del derecho a la vida, territorio y libre determinación de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial. Proteger la vida, los medios de subsistencia y la supervivencia cultural de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, que sufren una particular situación vulnerabilidad. Uno de los mayores factores de afectación involucra la invasión de sus territorios.

● Inversión en políticas urbanas que promuevan ciudades para la vida con participación ciudadana. Impulsando al empleo urbano articulado, entre otros, a construir viviendas sostenibles, seguras, sin hacinamiento, ampliando vías peatonales, ciclovías, espacios abiertos, arborización, áreas verdes y recreativas, con equipamiento de salud y educación cercanos, y prohibiendo, controlando y sancionando el cambio de uso de suelo y tráfico de terrenos en áreas agrícolas y ecosistemas frágiles.