Petición Presentada por Observatorio Auspice Stella de Derechos Humanos

(Auspice Stella es una organización no gubernamental con estatus consultivo especial ante las Naciones Unidas)

traducción en inglés incluida a continuación/translation in English included below

13 de julio de 2020

Actualmente hay 20 prisioneros políticos mapuche indígenas involucrados en huelga de hambre, cuando entran en el día 71 de la protesta. Muchos de ellos en una condición tan crítica que sus vidas están ahora en grave peligro. A la huelga de hambre iniciada por Machi (líder espiritual mapuche) Celestino Córdova en la prisión de Temuco se unieron los detenidos de Angol: Sergio Levinao Levinao, Víctor Llanquileo Pilquimán, Juan Calbucoy Montanares, Juan Queipul Millanao, Freddy Marileo Marileo, Danilo Nahuelpi Millanao y Reinaldo Penchule Sepulveda. Antu Llanca Quidel (Angol) se convirtió en el noveno mapuche en unirse a la protesta el 18 del mes. Mientras que otros 11 presos políticos mapuches: Eliseo Raiman Coliman, Matias Leviqueo Concha, Carlos Huichacura Leviqueo, Manuel Huichacura Leviqueo, Esteban Huichacura Leviqueo, Guillermo Camus Jara, César Millanao Millanao, Orlando Saez Ancalao, Damian Saez Saez, Robinson Parra Saez, Oscar Pilquiman Pilquiman de la prisión de Lebu se unieron a la huelga el 6 de julio.

El 4 de mayo, los presos políticos mapuche tomaron la difícil decisión de iniciar una huelga de hambre como su único medio disponible para protestar contra las condiciones en las que actualmente están detenidos debido a la pandemia que amenaza sus vidas. Los prisioneros declaran inequívocamente que son inocentes de los cargos formulados en su contra. Sus demandas son simplemente recibir un juicio justo con el debido proceso y ser sacados de la prisión para cumplir sus condenas bajo la seguridad del arresto domiciliario de conformidad con el Convenio 169 de la OIT. Además, solicitan que se implementen las mismas medidas para todos los presos políticos no indígenas actualmente detenidos en las cárceles chilenas.

Históricamente, las cárceles de Chile carecen de personal suficiente y están superpobladas en condiciones de vida insalubres; bajo estas circunstancias, el distanciamiento social y la higiene de las manos se hace casi imposibles, lo que hace que los reclusos sean muy susceptibles a contraer el virus. Bajo estas terribles condiciones, los huelguistas permanezcan aislados con poco o ningún contacto con el mundo externo, amigos, familiares y autoridades espirituales.

De acuerdo con el marco legal del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, del cual Chile es signatario, el estado está obligado a proporcionar a los pueblos indígenas métodos de castigo alternativos a los de reclusión en prisión. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales relevantes codifican aún más estos derechos inherentes.

Los presos políticos mapuche, muchos de los cuales son líderes ancestrales tradicionales, están acusados ​​de los así llamados "crímenes terroristas" en virtud de la ley antiterrorista n. ° 20.467 introducida durante el período de la dictadura de Pinochet con la que se silenciaba a la disidencia democrática.

En las últimas décadas, la protesta pacífica de las comunidades mapuche contra las actividades comerciales de las industrias extractivas perjudiciales para el medio ambiente, dentro del territorio ancestral mapuche (Wallmapu), se ha enfrentado a la violenta represión del Estado. En este contexto, la ley antiterrorista se aplica injustamente como un medio de reprimir a y los defensores que luchan por los derechos indígenas sobre la tierra y los defensores del medioambiente. Según la ley anacrónica, los acusados ​​son juzgados en tribunales donde se utilizan las pruebas de testigos anónimos para lograr condenas. La ley también permite la detención preventiva prolongada en el que muchos mapuche pasan años en prisión antes de ser sentenciado, en muchos casos, encontrado inocentes de todos los cargos.

Durante las protestas masivas de 2019 de ciudadanos indígenas y no indígenas, no menos de 28,000 personas fueron detenidas y encarceladas por delitos menores de orden público, muchas permanecen encarceladas en prisión preventiva según la ley 20.467. Un fallo reciente de la Corte de Apelaciones revocó la decisión de permitir que 13 de esos manifestantes detenidos de manera preventiva bajo la ley antiterrorista sean puestos bajo arresto domiciliario. Además, el juez gobernante Daniel Urrutia Laubreaux fue posteriormente suspendido de su cargo, una medida judicial de gran preocupación para los valores democráticos en una sociedad posterior a la dictadura.

Entre el 18 de marzo y el 31 de mayo, el gobierno chileno autorizó la liberación de 13.321 reclusos de las cárceles de Chile para protegerse contra Covid 19, sin embargo ninguno fue de la etnia indígena, esta desproporcionalidad habla del racismo inherente al sistema de justicia chileno.

Hasta la fecha, 20 mapuche han sido asesinados en la misma cantidad de años, muchos por policías, y la muerte más reciente de Alejandro Traiquil ocurrió en junio de 2020. Los asesinos de dos jóvenes mapuche desarmados, Camilo Catrillanca y Alex Lemun también han sido beneficiarios de la libertad condicional a pesar de que estos delitos se clasifican como condenas penales más altas que las de los mapuche actualmente detenidos, muchos de ellos en prisión preventiva.

Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional de las América, afirma que “las autoridades chilenas deben desistir de inmediato de criminalizar al pueblo mapuche y sus líderes bajo la Ley Antiterrorista. El estado chileno tiene la obligación de no discriminar al pueblo mapuche y debe garantizar su derecho a un juicio justo en lugar de etiquetarlo como "terrorista". Los derechos a la autodeterminación, la autonomía y la libertad están desacreditados por la aplicación discriminatoria en curso del Estado de las leyes antiterroristas que penalizan la protesta pacífica y es indicativo de una discriminación profundamente arraigada contra de comunidades indígenas en Chile. La discriminación en el sistema de justicia está entrelazada con la corrupción sistemática en las fuerzas policiales nacionales que utilizan la fuerza excesiva y realizan actividades ilegales para dañar, criminalizar y encarcelar a los dirigentes indígenas”.

Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que el enjuiciamiento de personas mapuche en virtud de la Ley Antiterrorista viola sus garantías judiciales y se ha basado en estigmas y la discriminación.

Hoy, la vida de los 20 presos políticos mapuche en huelga de hambre, encarcelados injustamente simplemente por la defensa de la Madre Tierra y sus países de origen, descansa trágicamente en manos de un gobierno indiferente, empeñado decididamente en su eliminación.

¡El poder de la presión global está en nuestras manos! Firme hoy nuestra petición y envíe un mensaje claro al presidente Piñera y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín Fernández, para salvaguardar la vida de los líderes mapuche.

Petition Presented by Auspice Stella Human Rights Observatory

(Auspice Stella is a non-governmental organisation with Special Consultative Status to the United Nations)

13 July 2020

There are presently 20 indigenous Mapuche political prisoners engaged in hunger strike, as they enter day 71 of the protest. Many of them in such critical condition that their lives are now in serious jeopardy. The hunger Strike initiated by Machi (Mapuche spiritual leader) Celestino Córdova in Temuco Prison was joined by Angol detainees, Sergio Levinao Levinao, Víctor Llanquileo Pilquimán, Juan Calbucoy Montanares, Juan Queipul Millanao, Freddy Marileo Marileo, Danilo Nahuelpi Millanao y Reinaldo Penchulef Sepúlveda; Antu Llanca (Angol) became the 9th Mapuche to join the protest on the 18th of the month. Whilst a further 11 Mapuche Political Prisoners, Eliseo Raiman Coliman, Matias Leviqueo Concha, Carlos Huichacura Leviqueo, Manuel Huichacura Leviqueo, Esteban Huichacura Leviqueo, Guillermo Camus Jara, Cesar Millanao Millanao, Orlando Saez Ancalan, Damian Saez Saez, Robinson Parra Saez, Oscar Pilquiman Pilquiman from Lebu prison joining the strike on 6th July.

On 4th May Mapuche Political Prisoners took the grave decision to initiate a hunger strike as their only available means of protest against the life threatening conditions under which they are presently detained due to the pandemic. The men state unequivocally that they are innocent of the charges made against them. Their demands are simply to receive a fair trial with due process be removed from prison to serve out their sentences under the safety of house arrest in accordance with ILO Convention 169. In addition they request the same measures be implemented for all non-indigenous political prisoners currently detained in Chilean jails.

Chile’s prisons are historically understaffed and overcrowded with unsanitary living conditions, under these circumstances social distancing and hand hygiene are made almost impossible, rendering inmates highly susceptible to contracting the virus.
Under these terrible conditions the hunger strikers remain isolated with little or no contact with the external world, friends, family and spiritual authorities.

According to the legal framework of ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples, to which Chile is a signatory, the state is obliged to provide to indigenous peoples alternative methods of punishment to those of confinement to prison. The United Nations Declaration on Indigenous Peoples and other relevant international instruments further codify these inherent rights.

The Mapuche political prisoners, many of whom are traditional ancestral leaders, are accused of so called ‘terrorist crimes’ under anti-terrorist law No 20.467 introduced during the era of the Pinochet dictatorship with which to silence democratic dissent.
In recent decades the peaceful protest of Mapuche communities against the commercial activities of extractive industries harmful to the environment, within Mapuche ancestral territory (Wallmapu) have been met by violent State repression. In this context anti-terrorist law is unjustly applied as a means of sabotage against indigenous land rights and environmental defenders. Under the anachronistic law those charged are put on trial in military courts where the evidence of anonymous witnesses are used to achieve convictions. The law also allows for extended pre-trial detention with many Mapuche spending years in prison before being found, in many instances, innocent of all charges.

During the mass protests of 2019 by both indigenous and non-indigenous citizens no less than 28,000 people were arrested and detained for minor public order offences, many remain incarcerated in pre-trial detention under law 20.467. A recent ruling by the Court of Appeals overturned a decision to allow 13 such protesters held in preventive detention under anti-terrorist law to be placed under house arrest. In addition the ruling judge Daniel Urrutia Laubreaux was subsequently suspended from his position, a judicial measure of great concern to democratic values in a post dictatorship society.

Between 18th March and 31st May the Chilean government sanctioned the release of 13,321 inmates from Chile’s prisons to protect against Covid 19, yet none have been of indigenous ethnicity, this disproportionality speaks to the racism inherent in the Chilean justice system.

To date 20 Mapuche in as many years have been murdered, many by police officers, with the most recent death of Alejandro Traiquil occurring in June 2020. The murders of two unarmed Mapuche men, Camilo Catrillanca and Alex Lemun have also been the beneficiaries of premature release despite that these offences are classified as higher criminal convictions than those of the Mapuche currently detained, many on pre-trial detention.

Erika Guevara-Rosas, Americas Director at Amnesty International states that “the Chilean authorities must immediately desist from criminalising the Mapuche people and their leaders under the Anti-Terrorism Law. The Chilean state has an obligation not to discriminate against Mapuche people and must guarantee their right to fair trials instead of labelling them as ‘terrorists’. Rights to self-determination, autonomy, and freedom are discredited by the State’s ongoing discriminatory application of the anti-terrorism laws criminalising peaceful protest and is indicative of deep-rooted discrimination against Indigenous groups in Chile. Discrimination in the justice system is intertwined with systematic corruption in national police forces who use excessive force and engage in unlawful activities to harm, criminalise, and imprison Indigenous Peoples.”

Whilst the Inter-American Court of Human Rights has determined that the prosecution of Mapuche persons under the Anti-Terrorism Law violates their judicial guarantees, and has been based on stigma and discrimination.

Today the lives of the 20 Mapuche political prisoners on hunger strike, unjustly incarcerated simply for the defence of Mother Earth and their homelands tragically rest in the hands of an indifferent yet divisive government bent on their elimination.

The power of global counter pressure is in our hands! Please sign our petition today and send a clear message to President Pinera and the Justice and Human Rights minister Hernán Larraín Fernández to safeguard the lives of Mapuche leaders.