La pandemia del covid-19 ha provocado un enorme cambio para todos los países, sin excepción. Las alteraciones afectan profundamente a la forma de relacionarnos, consumir o comportarnos. Se trata de una transformación cultural.

Desde el inicio de la crisis sanitaria las medidas decretadas por el COE Nacional para evitar el incremento de los contagios han supuesto periódicamente la suspensión y restricción de actividades presenciales que incluyen todas las que se realizan en espacios culturales.

Esta paralización ha tenido un profundo impacto económico, especialmente significativo en los sectores culturales, artísticos o artesanales, al limitar el acceso a la cultura y coartar el derecho de todos los agentes culturales, especialmente del sector creativo, a recuperar sus actividades.[1] La oferta y consumo cultural que se puede realizar por medios electrónicos, si bien es cierto, nos obligan a mirar en ellos una alternativa necesaria, aún no son lo suficientemente efectivas como para reactivar al sector cultural en su totalidad.

Al respecto, se han realizado varios estudios, dentro[2] y fuera del país, que demuestran el grave  impacto del covid-19 en los sectores culturales y creativos de América Latina[3].

Los estudios realizados señalan una caída del 13,75% en la creación de valor económico del sector cultural en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, se estima que más de 2,6 millones de puestos de trabajo en los países participantes del estudio están comprometidos por las medidas de la crisis sanitaria. La encuesta de percepción de impacto entre trabajadores y empresas de los sectores culturales revela que más de la mitad de empresas ha registrado una caída del 80% en sus ventas por la pandemia, así como el 64% de los independientes han visto reducidos sus ingresos en más de un 80%. Detrás de estos datos y porcentajes, se encuentra la dura realidad de la mayor parte de trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura; una realidad que revela la fragilidad de un sector con un alto porcentaje de trabajo informal y altos niveles de desprotección social.

La capacidad de ahorro de las y los trabajadores de las artes y la cultura es limitada o nula. El 59,21% de ellos no ahorra y el 28,39% ahorra menos de 100,00 USD. La sensación de vulnerabilidad se agudiza al constatar que la cobertura al sistema de seguridad social cobija únicamente al 21% a través de aporte patronal, al 14% por afiliación voluntaria y que el 6% paga un seguro privado. En media pandemia, 59% de las y los encuestados no tienen acceso a ningún sistema de seguro de salud.[4]

El sector cultural es muy heterogéneo, con una protección social y económica muy limitada desde antes de la pandemia, que además adolece de inapropiadas redes de seguridad social, protección que se vuelve urgente en crisis como la actual. En el sector cultural prevalece la informalidad, lo cual incide en la reducción drástica de ingresos en tiempos de crisis. Finalmente, en muchos casos existen dificultades para adaptar el trabajo a la modalidad virtual.

Durante el 2020, prácticamente todas las ramas del sector cultural han mostrado datos negativos, con una enorme cancelación de actividades que alcanzó al menos al 83% de los espacios culturales, afectando a 2564 complejos de cine, 6908 teatros, 7516 museos, 21928 bibliotecas y 11304 centros culturales de los países relevados en el citado estudio.

Este cierre intermitente de museos, teatros, salas de conciertos, librerías y cines ha provocado que se limiten los servicios públicos culturales que prestan estos espacios, lo que conduce a la quiebra económica progresiva de servicios que son parte indispensable del tejido de la sociedad.

Al respecto cabe citar las palabras de la responsable de Cultura de Alemania:

Precisamente en estos tiempos, la cultura fortalece la cohesión social y la participación. La cultura es un alimento para nuestra democracia. La reapertura de museos y lugares conmemorativos, por ejemplo, sería un próximo paso importante para garantizar una atención cultural básica.

Con esta visión, el gobierno alemán puso en marcha un fondo de apoyo a disposición de las instituciones culturales para la reapertura de los centros culturales, contemplando medidas para mitigar los contagios.

En este mismo sentido, el gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña decidió, en septiembre del año pasado, declarar a la cultura como «Bien Esencial». Dicha declaración fue motivada por la necesidad de generar «un plan para preservar la cultura ante nuevas restricciones y establecer una serie de acciones que den cobertura a los derechos culturales de los ciudadanos y de los sectores creativos».

La declaración de la cultura como bien esencial implica equipararla con otras bases del estado del bienestar, como la salud, la educación y los servicios sociales. Dicha declaración posibilita que, en caso implantarse nuevas medidas de contención por el recrudecimiento de la pandemia, librerías, museos, salas de conciertos y teatros puedan permanecer abiertos como los centros comerciales o las farmacias, con aforos del 50% y con el cumplimiento de medidas de bioseguridad.

Nuestra Constitución determina cuáles son los sectores estratégicos sobre los que el Ejecutivo tiene competencias concretas, así mismo posee una visión que señala a la cultura como un derecho constitucional y por ello, la administración pública tiene injerencia sobre ella. En este sentido, el numeral 5 del artículo 380 determina que es responsabilidad del estado «apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas». De esa manera, la misma posibilidad que se brinda a los centros comerciales para abrir con un aforo del 50% o el trato especial que se da a los abogados para poder ejercer su profesión dentro de los estados de excepción, debe generarse en torno al trabajo que el sector cultural pueda desarrollar.

En ese sentido, la línea procedimental de la constitución determina en los artículos 3, numeral 2; 11 numeral 3, y 426 que los derechos consagrados en ella son de aplicación directa por parte de toda la administración pública y todas sus acciones deben tener como fin el efectivo goce de esos derechos. Por ello, consideramos imperante generar las acciones necesarias a efecto de que tanto el Ejecutivo, como el COE nacional y los COE cantonales, reconozca el acceso a los bienes y servicios culturales como estratégicos (servicios esenciales) de tal manera que este sector no deje de ofrecer a las y los ciudadanos la posibilidad de ejercer sus derechos culturales.

Los abajo firmantes consideramos que se debe reconocer en el territorio ecuatoriano a la Cultura como servicio esencial nacional, ya que la pandemia ha puesto en evidencia que la cultura y sus expresiones son fundamentales para poder afrontar situaciones de aislamiento prolongado como la que ahora vivimos. Por ese motivo, creemos firmemente que es el momento de plantear estrategias y acciones para proteger y garantizar el acceso a la cultura, así como el derecho de todos los agentes culturales, especialmente del sector creativo, a poder recuperar sus actividades.

Para ello planteamos los siguientes puntos:

1.    Que, por parte del Ejecutivo, el COE nacional y los cantonales en casos de nuevas declaratorias de estado de excepción, declare a la cultura como servicio esencial, con el objetivo de garantizar los derechos culturales fundamentales.

2.    Plantear medidas destinadas a garantizar la continuidad de las actividades de la cultura a pesar de las restricciones que puedan llegar a imponer la pandemia.

3.    Disponer la posibilidad de ejecutar actividades culturales en equipamientos y centros de este tipo, con un 50 % del aforo y bajo estrictas medidas de bioseguridad aprobadas por autoridad competente, como ya sucede en centros comerciales y restaurantes.

4.    Generar una línea de apoyo para la sostenibilidad de los agentes culturales, mediante el acceso a fondo de fomento de la creatividad y la cultura, mediante la creación de una línea específica para el sostenimiento del empleo.

5.    La evaluación permanente y continua de las medidas adoptadas, mediante la conformación de una mesa nacional de cultura, integrada por los actores e instituciones del Sistema Nacional de Cultura, capaz de integrar las necesidades progresivas de los sectores a los que representan, así como de generar nuevas medidas de apoyo y soporte.

Ayúdanos firmando esta petición, que ya ha sido respaldada por

Martín Sanchez, Director CCE AZUAY
Fidel Intriago, Director CCE MANABI
Fernando Cerón, Director CCE TUNGURAHUA
Blas Garzón, Director de la Maestría de Gestión Cultural de la Universidad Politécnica Salesiana
William Herrera, Rector de la Universidad de las Artes
Pablo Cardoso, Director de Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes
Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes
Universidad de Cuenca

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[1] Art. 21, 22 y 23 de la Constitución del Ecuador.
[2] Medición de estadísticas laborales en trabajadores de las artes y la cultura (Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, agosto 2020).
[3] Evaluación del impacto del covid-19 en las industrias culturales y creativas: una iniciativa conjunta del MERCOSUR, UNESCO, BID, SEGIB Y OEI (dic-2020).
[4] Datos extraídos de la 1era Encuesta de condiciones de trabajadores de la cultura en Ecuador (Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura – Universidad de las Artes, agosto 2020)