Tras la publicación de las calificaciones de la primera prueba del proceso selectivo de concurso-oposición de profesorado de educación secundaria en Andalucía, se evidencian distintas irregularidades y una falta integral de transparencia en el proceso con la que los funcionarios interinos y aspirantes no estamos de acuerdo. 

En primer lugar, los miembros de los tribunales se niegan reiteradamente a mostrar los exámenes o a proporcionar una revisión de la corrección. Siempre alegan que tienen órdenes “de arriba” para no mostrar los exámenes. Consideramos que el derecho a la revisión de examen o, al menos, a una explicación de la calificación es un derecho que asiste al opositor en aras de la transparencia del proceso, dado que tras la supresión de las lecturas públicas no existe ninguna otra actuación que garantice la transparencia y justicia en el proceso de calificación.

Hay casos que evidencian irregularidades y errores graves en el proceso de corrección, de los que enumeramos algunos a continuación. Pongamos un ejemplo: en la especialidad de Francés, la media de aprobados en el supuesto práctico por tribunal es de unas dos personas. La gran mayoría de opositores han obtenido calificaciones muy inferiores, entre el 1 y el 2. Al no llegar a la nota de corte para hacer media (ese famoso 2,5) solo pasan a la segunda fase el 10-15% de opositores del tribunal, y con notas muy bajas que en la gran mayoría de los casos no superan un 6. Es harto improbable que el grueso del cuerpo de opositores de una especialidad no esté cualificado para conseguir una calificación superior a un 2 en un examen práctico. Se da la circunstancia que este año se ofertan muy pocas plazas para esta especialidad. ¿Casualidad? ¿O “desde arriba” se ha concebido premeditadamente un práctico con una plantilla de corrección rebuscada y casi imposible de aprobar? Desgraciadamente, esto no es un hecho aislado. En la especialidad de Servicios a la Comunidad de FP, en el tribunal número 6 de Córdoba, de un total de 99 inspirantes sólo han pasado a la segunda prueba un total de 10. Estos bajos porcentajes de aprobados en la primera prueba se repiten en muchos tribunales de distintas especialidades y, el motivo, casi siempre es el mismo: la baja nota en el sujeto práctico que impide hacer media. Esta criba a sangre fría ha sido, sin lugar a duda, premeditada.

Muchos opositores aseguran haber realizado tanto en cuanto al contenido y como en cuanto a la forma ambos exámenes según los criterios de corrección publicados de la oposición, y que sus calificaciones a todas luces no corresponden a los mismos, por lo que debe haber habido claramente error en la calificación o en su traslado al papel, o el  empleo de otros criterios diferentes de los publicados. Todas estas incoherencias son resultado directo de la falta de transparencia que debe primar en cualquier procedimiento de selección para provisión de plazas públicas, que la Constitución salvaguarda. La revisión de los exámenes y la explicación de la calificación es la única garantía en este caso que tiene el opositor de la transparencia que exige la Constitución y de que se le ha calificado justamente. Sin embargo, en este proceso, el hermetismo y la opacidad es total. 

En todos los procesos de exámenes de Primaria, Secundaria, Universidad, etc... se facilita al interesado la revisión de exámenes. ¡Cuánto más es imprescindible y necesario en un proceso de oposición en el que los aspirantes se juegan su futuro en el acceso a una plaza de funcionario! Además, si fuésemos nosotros los docentes responsables de un grupo de alumnos en cuya evaluación final la gran mayoría suspendiese con notas muy bajas… ¿acaso no deberíamos responder a un proceso de revisión o de inspección para aclarar lo sucedido? Esta reclamación no es ninguna rabieta, sino una reclamación y demanda legítima de un proceso que a todas luces es arcaico, segregacionista y que hace aguas por todos lados. Temarios que no son públicos, revisiones inexistentes, hermetismo total, cero posibilidad de reclamación… ¿y si fuésemos así con nuestros alumnos?

Existe una gran perplejidad en los opositores de toda Andalucía y existe la sospecha común de que hay una norma oculta desconocida por el común de los opositores, puesto que se comprueban las siguientes coincidencias en una gran cantidad de tribunales desde Huelva a Almería pasando por Granada:

• Los aprobados en todos los tribunales están alrededor de un tercio del total de opositores de cada tribunal o, a veces, incluso menos.
• Los suspensos en su mayoría se sitúan entre las calificaciones de 3-4.
• Los aprobados en su mayoría se sitúan entre la calificaciones de 5-6.

Además, el ejercicio de prácticas no se saca a sorteo como se hace con el ejercicio de desarrollo del tema, sino que éstas vienen ya determinadas completamente, ya que no se hace sorteo ninguno entre varias posibilidades, lo cual alimenta la duda justificada de que pueda filtrarse el contenido del único sobre de prácticas existente, por la persona o personas que las elaboraron.     

Por otra parte, se atenta contra la Ley de Protección de Datos al difundir en los tablones de anuncios los nombres de los opositores y sus calificaciones en las sedes de los tribunales de Andalucía.

Todas estas circunstancias anteriormente mencionadas generan un caldo de cultivo para una crispación generalizada y una sensación absoluta de hermetismo y falta de colaboración por parte de las autoridades educativas que, lejos de luchar por cambiar un sistema a todas luces injusto y que en ningún momento garantiza la elección de los mejores docentes, desmoraliza y juega con las ilusiones y el trabajo de miles de personas año tras año. Es por eso que necesitamos que se nos escuche y que se reforme este sistema obsoleto e injusto, transformándolo radicalmente y creando un sistema de acceso justo y transparente. Que la escabechina llevada a cabo en las oposiciones andaluzas de 2021 sirva como punto de inflexión definitivo para la reforma del sistema.