1. PREÁMBULO:

Somos más las dominicanas y los dominicanos que creemos en una sociedad justa, igualitaria y libre de discriminaciones. Creemos que todos y todas tenemos la misma dignidad y merecemos respeto y protección del Estado, como de todos los actores públicos y privados.

Creemos que los Derechos Humanos y Fundamentales consagrados en la Constitución son sagrados, y deben no sólo estar en el papel sino ser efectivos, porque son la esencia de una sociedad democrática y de un auténtico Estado social y democrático de Derecho, distinto a las tiranías, el autoritarismo y las sociedades de castas.

La violencia, la discriminación y la desigualdad que existen no son naturales y no deben ser negadas, porque eso solo garantiza su reproducción. No se puede banalizar el mal permitiendo la apología de la discriminación o del odio, pues esto siempre culmina en catástrofes irreparables. Nadie debe estar por encima de la ley ni tener privilegios para violar derechos ni desconocer la plena dignidad de otras personas basándose en prejuicios, estereotipos o posiciones de poder. Ante esto, las instituciones y leyes deben protegernos de manera efectiva. 

Admiramos la diversidad de la sociedad dominicana, sus mujeres y hombres, sus múltiples opciones y proyectos de vida, sus capacidades múltiples, nuestras herencias taína, caribeña y africana, tradicionalmente relegadas y subestimadas. Valoramos nuestras luchas de siglos por la dignidad y la libertad, nuestra pluralidad, y deseamos la paz e integración de todas las dominicanas y los dominicanos en nuestro territorio.

No nos asusta ser diversos. No obstante se haya inoculado odio, rechazo y miedo a la diferencia durante demasiado tiempo, no estamos de acuerdo con esa ideología. No queremos más injusticias, violencia, maltrato ni que se mantengan como naturales las desigualdades establecidas entre las personas por su opción de vida, su género, su apariencia física, su tipo de pelo o su color de piel, sus distintas capacidades, el origen de sus padres o su nacionalidad. 

Las discriminaciones por clase, género, sexo, capacidad y por racismo, en nuestra sociedad históricamente muy desigual y jerarquizada, están presentes en el acceso a derechos como el estudio y el trabajo, así como en las múltiples interacciones sociales cotidianas. Atentan también contra miles de dominicanos/as que son emigrantes en el exterior y sufren discriminaciones en otros lugares del mundo. 

Por todo lo anterior planteamos las siguientes propuestas y exigencias para ser respaldadas ante el Estado dominicano y la sociedad. 

2. DEMANDAS:

2.1. Un Código Penal que cumpla la Constitución y proteja los derechos y la dignidad de todos, todas y todes por igual. Que penalice la discriminación y los delitos de odio en todas sus formas, y no permita ni avale la desigualdad ni el ataque a la dignidad humana por agendas e imposición de intereses particulares.
Asimismo, que el Poder Ejecutivo dialogue democráticamente con la sociedad y someta al Congreso Nacional, sin demora, el proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual debe prohibir y sancionar toda forma o acto de discriminación, exclusión, violencia o segregación por género, sexo, nacionalidad, cultura, creencias, distintas capacidades o de índole racista; así como establecer sanciones ejemplares contra toda forma de incitación y ejecución de delitos y crímenes de odio.

2.2. Que sea actualizada la Ley 24-97 con la debida adecuación del nuevo Código Penal que aún está pendiente por aprobar y promulgar. Esto debería ir acompañado de una nueva Ley que instituya y ponga en marcha el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género, con la necesaria capacidad institucional, operativa y recursos para su funcionamiento. Asimismo, exigimos que el Código Penal despenalice la interrupción del embarazo en sus 3 Causales, porque no hacerlo es seguir criminalizando a las mujeres, especialmente a la mayoría socialmente menos privilegiada.

2.3. Que nunca más quede impune un acto de discriminación ni crimen de odio cometido por motivos de clasismo, machismo, homofobia, distinta capacidad, racismo o cualquier otra categoría, así como los actos de corrupción, impunidad y violación por parte de agentes del Estado que protegen y amparan estos delitos y crímenes. Exigimos en ese sentido un cambio sustantivo en el funcionamiento de la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y del aparato judicial dominicano, cumpliendo sus obligaciones, respondiendo de forma eficaz a las demandas de la ciudadanía y rindiendo cuentas claras al país. 

2.4. Exigimos garantías plenas para que en República Dominicana se puedan ejercer los derechos y libertades civiles y políticas por parte de toda la diversidad de ciudadanas, ciudadanos y sus organizaciones, sin temor a la violencia de organismos estatales ni de grupos fanáticos o sectarios organizados. 

2.5. Establecer en las leyes sanciones a los atropellos contra ciudadanas y ciudadanos por su forma de vestir, expresión cultural y/o aceptación de su cabello natural y rasgos característicos e identitarios. Que en las instituciones tanto públicas como privadas no se impida estudiar o laborar ni se coarte la libertad a ningún ciudadano(a), no importa la edad, por su apariencia física o aspectos identitarios, su cabello, vestimenta o proyecto de vida individual. Pedimos asimismo que el Estado garantice apoyo efectivo a las víctimas de este tipo de discriminación.

2.6. Firma y ratificación urgente por parte del Estado Dominicano de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, así como de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia, ambas creadas en 2013. 

2.7. Establecer una política de Estado de defensa del emigrante dominicano ante las crecientes ideologías de odio e intolerancia en los países de destino, como sucede en la actualidad en ciertos países de Europa y Sudamérica. Creación en la Cancillería, las Embajadas y consulados dominicanos en el exterior de una Oficina de Protección y Asistencia al Migrante Dominicano, donde se preste auxilio al o la compatriota víctima de cualquier forma de discriminación. 

2.8. Establecimiento de objetivos y acciones en el currículum, textos, materiales, programas y políticas del Sistema Educativo, para la superación de toda forma de Discriminación, Desigualdad y Violencia, incluyendo por género, así como de aceptación, reconocimiento y fomento de nuestras raíces, tradiciones y diversidad étnico-cultural. Asimismo, crear e implementar Políticas Culturales de genuina inclusión, fomento y reconocimiento igualitario a todas las formas culturales y tradiciones del país, su rescate, preservación y promoción.

2.9. Efectuar por parte del Estado -como se ha hecho en otras naciones- un acto oficial de Reconocimiento histórico acerca del genocidio cometido contra nuestros pueblos originarios, de la esclavitud y sus consecuencias, y de los distintos crímenes de odio, violencia de género y genocidios cometidos bajo los regímenes autoritarios y despóticos que hemos padecido, estableciendo un compromiso de No Repetición. 

2.10. Que sean revertidas todas las políticas y medidas que con carácter discriminatorio, racista y violatorio de la Constitución han privado arbitrariamente de sus Derechos Fundamentales a miles de dominicanos y dominicanas, implementando también medidas de reparación pronta y efectiva. En esto debe haber especial y urgente atención a los miles de dominicanas y dominicanos a los cuales por su origen personal y/o familiar se les ha violentado de forma inconstitucional e inhumana su legítimo derecho a la nacionalidad, al ejercicio de la ciudadanía, al registro civil, el estudio y el trabajo, así como aquellos y aquellas sometidos a la apatridia, como ha sido contundentemente demostrado en numerosos estudios y denuncias. 

2.11. Establecer un pacto social con participación del sistema educativo, los medios de comunicación, las iglesias y los partidos políticos, mediado por actores ampliamente legitimados, para la no difusión de discursos de odio, violencia y de discriminación de ningún tipo.

2.12. Resolución de la Junta Central Electoral e incorporación de normas en las leyes de partidos políticos y del régimen electoral, que sancionen a todo partido y/o candidatura política que promueva cualquier tipo de discurso de odio, violencia selectiva, discriminación, desigualdad, machismo, homofobia y racismo.