El acceso a la vivienda es cada vez más complicado debido al aumento desmedido del precio de las mismas, fruto de una política urbanística especulativa orientada al turismo, lo que, unido a la precariedad laboral y los bajos salarios, problema que afecta especialmente a la población joven del país, imposibilitan el alquiler o la compra de alojamientos.

El derecho a la vivienda queda recogido en el artículo 47 de la Constitución Española:

"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

Así como en el artículo 50:

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio".

Por tanto, estamos ante un DERECHO FUNDAMENTAL dado que queda recogido en el Título I de la Constitución sobre los derechos y deberes fundamentales que englobla del artículo 10 al 55.

Dirigimos nuestra petición al Gobierno Central y también a las Comunidades Autónomas ya que el artículo 148.1.3.ª permite delegar las competencias de vivienda a las Comunidades Autónomas

Los aquí firmantes consideramos que se está vulnerando de manera flagrante el derecho a la vivienda amparado por el artículo 47 de la Constitución ya que el gobierno, en su dejadez, no está "promoviendo las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho." Además, es obligación de los poderes públicos regular la utilización del suelo para impedir la especulación, fenómeno que se está dando en muchas ciudades españolas, sobre todas aquellas que atraen más turismo, lo que merma la posibilidad del acceso a la vivienda a causa de los precios abusivos.

Por todo los expuesto, exigimos a los poderes públicos que hagan cumplir la Constitución Española tomando medidas para regular el precio de los alquileres así como el de la compra de viviendas y que actúe para frenar la especulación urbanística ya que es su obligación no sólo constitucional, también internacional ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica [...]