El problema
La falta de cumplimiento del art. 18 de nuestra Constitución Nacional afecta a todas las personas detenidas y juzgadas por lesa humanidad. El estado no ha cumplido su obligación de garantizar el debido proceso.
Al día de la fecha han fallecido 534, cuando inicié esta operación los muertos eran 475 personas de este colectivo, urge actuar rápidamente para no llegar a su exterminio.
La CIDH ya se expidió recomendando al estado que garantice el cuidado de las personas mayores de 65 años en prisión, el estado no cumplió.
Se da la paradoja que el mismo estado que ordenó las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país (ver decretos  2770/75, 2771/75 y 2772/75), ahora actúa como querellante contra las fuerzas que cumplieron sus órdenes.

La solución
Respetar el estado de derecho nacional e internacional al respecto.
Acatar y cumplir el dictamen de la auditoría jurídica.