En los años 2013 y 2014, el gobierno de la Junta de Andalucía, dentro de sus medidas de recortes y por decisión propia, detrajo cantidades económicas de las retribuciones (pagas adicionales de los meses de junio y diciembre o a lo largo de todo el año, según el sector) de todas y todos los empleados públicos (personal funcionario, interino, eventual, estatutario, laboral) de todos los sectores de la administración pública andaluza (educación, sanidad, justicia, universidades públicas y administración autonómica). Según los casos, las cantidades pueden oscilar entre los 900 y 2.500€ de media (Decreto-Ley 1/2012,de 19 de junio; Ley 3/2012,de 21 de septiembre; Ley 5/2012,de 26 de diciembre y Ley 7/2013,de 23 de diciembre; todas de la Junta de Andalucía).

Dicha detracción se nos aplicó después de los continuos recortes económicos que el gobierno central nos venía aplicando (desde el año 2010 hasta 2015) y de que suprimiera la paga extra de diciembre de 2012. Ello supone que las empleadas y empleados públicos de Andalucía somos, entre todos los del estado, quienes hemos sufrido los mayores recortes de nuestras nóminas; por ello, estamos en una situación de mayor discriminación, pues ni el gobierno central ni la mayoría de Comunidades Autónomas aplicaron una medida similar en los años 2013 y 2014. Solo Galicia, Murcia y Cataluña hicieron detracciones durante estos dos años, pero en cuantías equivalentes a dos pagas y no a cuatro como en Andalucía.

A pesar de las protestas, reclamaciones y exigencias de devolución, nada se supo del compromiso público del anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía de devolver las cantidades detraídas cuando mejorara la situación económica.  El nuevo gobierno, a pesar de haber apoyado la devolución cuando se encontraba en la oposición, hace seguidismo del anterior y se limita a hacer declaraciones vacías sin ningún respaldo en el presupuesto para 2020, cocinado junto a sus socios de gobierno de la ultraderecha, con una falta de coherencia de manual. 

Tras reclamaciones presentadas por los afectados y exigencias de devolución por parte de las organizaciones representativas, pasados cinco años, y con una clara recuperación económica, como se declara insistentemente por el gobierno andaluz, creemos llegado el momento de que se nos devuelvan dichas cantidades, por ser legítimo, justo y de su exclusiva competencia, terminando así con la discriminación. No se entiende que habiéndolo hecho con la paga extra de diciembre de 2012 no se haga ya con estas que se nos adeudan. El gobierno de la Comunidad de Murcia ya devolvió a su personal las cantidades detraídas en octubre de 2018 y febrero de 2019.

Por ello, exigimos que se adopten las medidas oportunas para la devolución de las cantidades que nos fueron expoliadas en los años 2013 y 2014 por la Junta de Andalucía a todas y todos los empleados públicos, tanto a quienes sigan en situación de activo, como a quienes estén ya en situación de jubilación, así como a los familiares de quienes hayan fallecido.