En plena crisis sanitaria generada por la pandemia COVID 19, el viernes 6 de noviembre del 2020, aplicando una interpretación arbitraria de la causal de “incapacidad moral permanente” señalada en el artículo 113 de nuestra Constitución, el Congreso decidió vacar al presidente Martín Vizcarra, siendo reemplazado por el titular del mismo Congreso, quien convocó a la ceremonia de su propia juramentación.

La controversial decisión se basó en denuncias por supuesta corrupción del primer mandatario, cuando era gobernador de Moquegua. Hechos cuya investigación corresponde a los órganos competentes de nuestro sistema de justicia y cuya sanción, de ser el caso, debía ejecutarse al culminar su mandato el 28 de julio del 2021.   Asimismo, cabe señalar que no esperaron la resolución del Tribunal Constitucional respecto a la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo en la que se debía fijar los criterios de interpretación de la vacancia por incapacidad moral permanente.

Frente a lo acontecido, la juventud peruana viene realizando pacíficamente movilizaciones en todo el país, manifestando contundentemente su rechazo a la decisión adoptada.  Sin embargo, han sido víctimas de una represión policial que indigna a la comunidad nacional e internacional. Peor aún, esa represión exacerba la confrontación entre peruanos.

Ante esta situación:

Hacemos un llamado al Tribunal Constitucional para que dicte la esperada sentencia, haciéndole recordar que su anterior indecisión basada en la “falta de amenaza de vacancia” no es ajena al origen de la actual crisis política.

Demandamos al Poder Judicial mayor eficiencia en los procesos relacionados con la corrupción que erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Pedimos a los políticos que dejen su confrontación por temas alejados del objetivo de servir al país, el que urge de ciencia para enfrentar la pandemia del COVID 19 y los retos que surgen en el mundo globalizado