Los ciudadanos que suscribimos abajo expresamos nuestro repudio a la abierta ruptura del Estado de derecho, violación de los derechos humanos, desprecio a la independencia de poderes, perversión de la justicia y abuso de las atribuciones de la fiscalía contra las expresiones de oposición al gobierno. Estas acciones no son privativas del gobierno de Luis Arce; se iniciaron en los gobiernos de Evo Morales, pero ahora están siendo llevadas a su extremo.

1.    Repudiamos, particularmente, la detención arbitraria, abusiva e inconstitucional de la expresidenta Jeanine Añez junto a ex ministros y comandantes militares y policiales. La vicepresidenta segunda del Senado, Sra. J. Añez, cumplió con su deber al colmar el vacío presidencial provocado por la dimisión del expresidente Evo Morales y otros funcionarios del MAS.  En caso de corresponder su procesamiento, debería ser en un juicio de responsabilidades, con autorización de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tiene derecho a defenderse en libertad y no existe ninguna razón para mantener su prisión preventiva, que es totalmente contradictoria con nuestro ordenamiento jurídico y la dignidad de su cargo.

2.    Respaldamos la resolución del Parlamento Europeo del 29/04/21 que denuncia y condena estas detenciones arbitrarias y pide a las actuales autoridades bolivianas la inmediata liberación de las exautoridades por tratarse de un proceso penal iniciado por motivos políticos, al mismo tiempo que exigimos un marco de justicia transparente e imparcial.  

3.    Sumamos nuestras voces al Parlamento Europeo, que “denuncia la presión política ejercida sobre el poder judicial para perseguir a los opositores”. Señalamos que uno de los instrumentos preferidos del gobierno es la naturalización de la “detención preventiva”, con la que quiebra los principios y restricciones aceptados sobre esta medida en la legislación nacional e internacional.

4.    Denunciamos también la vulneración de garantías constitucionales, el irrespeto al debido proceso, la eliminación del principio de tutela, la escasa institucionalidad democrática y la falta de independencia de poderes.

Por último, constatamos que el gobierno de Luis Arce no ha avanzado nada en la formulación de una estrategia para encarar la crisis económica resultante de 14 años de despilfarro fiscal ni para contener el impacto de la pandemia sobre la economía nacional. Compartimos con nuestros compatriotas la preocupación ante la inoperancia del gobierno para la vacunación contra el Covid-19, que debió haber sido el único enemigo al que se enfrenten los bolivianos.

La Paz, 13 de mayo de 2021