25 de junio de 2019

Al Presidente de la República

A las Comisiones de Educación y Cultura del Congreso de la Unión

A la Secretaria de Educación Pública

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

A la Sociedad Mexicana

A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 plantea que la economía para el bienestar es un principio rector que debe fundamentarse en el impulso a la investigación, la ciencia y la educación, a lo largo de 2019 hemos visto en forma creciente la falta de confianza de una parte de la clase política de nuestro país en la ciencia como factor de progreso para el desarrollo nacional, y una reducción de los recursos públicos destinados al apoyo y la promoción de la ciencia en México. Desde algunas esferas del poder político se ha alimentado una imagen de la investigación y la docencia universitaria como partícipes y beneficiarios de excesos, corrupción y despilfarro de recursos públicos. Esto es preocupante y nos parece un grave error tanto de política pública como de una estrategia de desarrollo que busque superar los grandes retos de abatimiento de la pobreza y de impulso a la democracia que nuestro país requiere. De hecho, históricamente hablando, la ciencia y la tecnología (CyT) han jugado un papel determinante en el desarrollo económico y en la mejora del bienestar social de muy diversos países. Los casos de Corea del Sur, China, Singapur o Finlandia ilustran este éxito.

El gobierno actual ha propuesto implementar un cambio de régimen y un modelo económico y de desarrollo distinto al que ha regido a México, por lo menos a partir de 1988. Sin embargo, en términos de la inversión en CyT, no se observan cambios. Más aún, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019, el monto destinado a CyT se redujo en un 11.9% en comparación con 2018.

Queremos manifestarle al Jefe del Ejecutivo, al Ejecutivo Federal, a las y los Legisladores y a la Sociedad Mexicana que:

1.     Los investigadores de universidades, centros públicos de investigación, institutos nacionales de salud y otras instituciones de educación superior estamos comprometidos con poner al servicio de la sociedad mexicana nuestros conocimientos para contribuir a reducir brechas e incrementar el bienestar social.

2.     El discurso público-político que señala a buena parte de los y las académicas  como integrantes de élites, “híper élites” o “castas” económicamente privilegiadas - no es una imagen justa de la remuneración, papel y compromiso que la academia mexicana tiene con el país. Los y las investigadoras en México estamos acostumbrados a trabajar con presupuestos restringidos, los cuales son responsablemente asignados y auditados por los órganos académicos y administrativos de nuestras instituciones y de CONACYT. Por otra parte, nuestro trabajo y productividad son permanentemente evaluados por distintas instancias de estricto control académico tanto interno como externo, y de estas evaluaciones dependen en gran medida nuestras remuneraciones. Estamos conscientes de que estos sistemas podrían transformarse o perfeccionarse; queremos participar en este proceso de discusión y evaluación, así como en las propuestas de cambio o diseño de alternativas.

3.     Los fuertes recortes financieros que aquejan hoy al sistema de ciencia, tecnología y educación superior, y el discurso oficial en materia de CyT, atentan en contra de México mismo, de la apuesta legítima de este gobierno por un desarrollo con igualdad, equidad, justicia y abatimiento de la corrupción, y dividen a nuestra sociedad.

Solicitamos, por tanto, a los poderes ejecutivo y legislativo:

1.     Asegurar que gradualmente se alcance la inversión de 1% de nuestro PIB en CyT, como se plantea en la Ley de CyT, para contribuir a que los mexicanos se beneficien del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, como lo mandata nuestra Constitución.

2.     Impulsar una reforma fiscal de fondo, que, además de ser indispensable para la economía y la buena marcha de México, fomente la inversión privada en CyT, para que ésta sea parte importante de al menos 1% del PIB invertido en este rubro.

3.     Transparentar en todo el sector público los criterios de asignación y el flujo de los recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación; incluyendo los que maneja el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

4.     Modificar el discurso agresivo acerca de los y las académicas que laboramos en México, para re-dignificar nuestra labor, papel y lugar en la sociedad; el trabajo que desarrollamos y sus resultados se enfocan en el beneficio de ella y son indispensables para lograr las metas de los nuevos tiempos, que compartimos.

5.     Revertir los recortes y los despidos en los centros públicos de investigación, el Cinvestav y la Universidad Pedagógica Nacional.

6.     Asegurar recursos para el sector salud que permitan atender las apremiantes necesidades de nuestra sociedad en esta materia, incluyendo el respaldo a la labor fundamental de los Institutos Nacionales de Salud.

7.     Garantizar y respetar la autonomía constitucional de las universidades públicas.

8.     Asegurar la correspondencia entre presupuesto y crecimiento de la matrícula en la asignación presupuestal de las instituciones públicas de investigación y educación superior.

9.     Garantizar un debate inclusivo y respetuoso tendiente a analizar los sistemas de remuneraciones actuales de los académicos, y a proponer cambios positivos en los mismos, asegurando los recursos que los amparen, sin afectar los derechos ni las remuneraciones de quienes laboran en este sector.

10.  Aumentar la parte del presupuesto a las universidades públicas destinado a otorgar una remuneración justa a los profesores de asignatura y de tiempo parcial.

Atentamente,

Movimiento ProCienciaMx