Los continuos anuncios sobre la concreción de la desescalada en el ámbito educativo, así como sobre las condiciones en las que se puede desarrollar la actividad de cara al nuevo curso, están generando incertidumbre entre el profesorado y la comunidad educativa.

Sobre la desescalada, CCOO ya ha puesto de relieve que su graduación tiene que venir determinada por criterios de salud pública y recuerda que la función principal de los centros es garantizar el derecho a la educación. Desde este punto de vista, la Federación de Enseñanza ha manifestado que la vuelta a la actividad lectiva presencial debe producirse en septiembre y que las posibles excepciones no pueden tomarse al margen de la negociación con las organizaciones sindicales representativas, lo que hasta ahora no se ha producido. La negociación con los Comités de Seguridad y Salud, al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es un imperativo legal. CCOO ya ha señalado su preocupación por la dificultad de garantizar las mínimas medidas de prevención con los trabajadores/as y el alumnado.

Es necesario dotarnos de un Plan Integral de Seguridad y Salud que convierta a los centros escolares en lugares seguros desde el punto de vista sanitario y, por tanto, se minimicen los riesgos de contagio tanto para los/as trabajadores/as como para el alumnado.

Además, es imprescindible preparar el inicio del nuevo curso, que va a seguir marcado por la evolución de la pandemia y que puede exigir medidas extraordinarias que deben ser negociadas con las organizaciones sindicales representativas. CCOO va a demandar un Plan Extraordinario de Inversiones en educación que permita incrementar sustancialmente las plantillas para atender a los nuevos retos, mejorar la formación de los/as profesionales, adecuar las infraestructuras, mejorar la dotación tecnológica de los centros y el profesorado, atender a los requerimientos de la brecha digital… Y, por supuesto, desde la consideración de que todo ello debe hacerse respetando las condiciones laborales. No es imaginable que el profesorado vaya a duplicar su trabajo atendiendo simultáneamente a la educación presencial y en línea.

Por todo lo anterior, exigimos a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura que paralice la incorporación a los centros educativos de equipos directivos y PAS en la Fase I, y del resto del profesorado y el alumnado que quiera regresar voluntariamente en la Fase II, hasta que no se cumplan con todas las garantías las medidas de prevención y seguidad laboral.