La Ley de Expropiación Forzosa establece cómo y cuándo el gobierno puede apropiarse de cualquier propiedad privada en Puerto Rico, mientras haya una utilidad pública y compensación justa para dicha propiedad. Sin embargo, según expone el Institute for Justice, la ley en Puerto Rico no toma en consideración el derecho de los dueños de hogares y los propietarios de pequeñas empresas de conservar lo suyo, y de proteger a sus comunidades.

Por tal razón, y a la luz de los huracanes Irma y María, el Gobierno de Puerto Rico debe promulgar reformas que verdaderamente protejan a los propietarios y sus comunidades, quienes sin duda aún permanecen vulnerables. Es crítico que el uso de la expropiación se limite estrictamente a los usos verdaderamente públicos, garantizando que el Gobierno no utilice declaraciones de estorbo público como pretexto para transferir propiedades habitables a desarrolladores privados de forma indiscriminada. De igual forma, en Puerto Rico se debe brindar mayor acceso a que las personas reivindiquen sus derechos ante los tribunales, y puedan cuestionar la legalidad del proceso.  

Por todo esto,  el Proyecto del Senado 1049 se propone enmendar la Ley para que el uso público declarado por el Estado no redunde en beneficio de intereses privados, asegurándose que la declaración de uso público sea objeto de escrutinio en los tribunales del País, y se que se garantice una mayor participación ciudadana en todo el proceso, entre otras cosas.

Con este Proyecto estaríamos más cerca de asegurar que en procesos de expropiación forzosa no se discrimine por condición social y se establezcan garantías procesales y de participación de las comunidades que se verían afectadas. Es momento de que se proteja a todo individuo, comunidad y comercio de la expropiación arbitraria, injusta e injustificada.

A pesar que la medida obtuvo un informe positivo en marzo de 2020, la misma aún no se ha llevado a votación. El P. del S. 1049 debe ser considerado y aprobado por la legislatura antes que cesen las sesiones legislativas. Por tanto, exigimos a la Gobernadora Wanda Váquez y a nuestros representantes legislativos que atiendan la medida y apoyen la misma.

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