Exigimos la destitución inmediata de las autoridades que revictimizaron a Lesvy y violaron los derechos humanos de ella y de sus familiares durante toda la investigación de su feminicidio: Marco Enrique Reyes Peña, titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio y Claudia Elizabeth Cañizo Vera, titular de la Fiscalía Desconcentrada COY-1

Lesvy Berlín Rivera Osorio fue asesinada este 3 de mayo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde que dio inicio la investigación sobre su asesinato, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) revictimizó a Lesvy y violó sistemáticamente sus derechos y los de su familia del siguiente modo: a) filtró a la prensa información confidencial sobre la investigación, mucha de la cual, además, era falsa; b) difundió a través de su portal institucional información falsa acerca de Lesvy y de su vida privada, lo cual  tuvo el efecto de estigmatizar oficialmente a la víctima; c) mucha de la información filtrada a la prensa por la PGJCDMX y de la publicada en su portal institucional, fue obtenida, precisamente, del presunto feminicida, Jorge Luis González Hernández; con esto se demuestra no sólo que se garantizó credibilidad plena al dicho de este sujeto acerca de la vida y conducta de la víctima sino que, al darla a conocer en el portal oficial de la PGJCDMX, se legitimó institucionalmente la visión del presunto feminicida y se le ofreció al público esa visión como la necesaria a considerar para comprender el caso.  Todo esto pese a que dicho sujeto, pareja sentimental de Lesvy, reportó haber discutido acaloradamente con ella momentos previos a su muerte, pese a que, en efecto, él fue la última persona en ver a Lesvy con vida y pese a que se trata de un sujeto con  antecedentes criminales y de reincidencia delictiva; d) según se deduce de la información que la PGJCDMX filtró a medios, fue el suicidio –hipótesis lanzada por el probable feminicida y de la cual la PGJCDMX y los medios a los que les filtró la información, hicieron eco de inmediato- y no el feminicidio la principal línea de investigación seguida por la Procuraduría, ello pese a que en el caso se acreditaron más de una de las circunstancias requeridas para considerarlo como probable feminicidio, de acuerdo al código penal de la CDMX y al protocolo para casos de feminicidio que reportaron haber seguido; e) clasificó como suicidio la muerte de Lesvy pese a que, según lo informa la familia de Lesvy y su representante legal, no sólo no hay prueba alguna de que Lesvy se haya quitado la vida, sino que, además, existen indicios de tortura en su cuerpo y prueba grabada en video de que Jorge Luis González Hernández la golpeó brutalmente con una cadena momentos antes de que ella muriera; y f) le negó a la familia de Lesvy durante más de dos meses el acceso a la carpeta de investigación que por derecho le correspondía, así como a los videos que las cámaras de la UNAM captaron la noche del asesinato de Lesvy.

Todas esas acciones/omisiones de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX representan violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres, en este caso, de Lesvy, así como a los derechos humanos de sus familiares como partes con interés jurídico en la investigación. Ahora se ha hecho público que Jorge Luis González Hernández, el principal sospechoso en el asesinato de Lesvy, es hijo de un hombre de confianza y chofer de un alto funcionario de la UNAM: Marco Antonio Dominguez Mendez, Director General de Personal de la UNAM. https://internacional.elpais.com/internacional/2017/07/12/mexico/1499878140_114262.html

La opinión pública no contaba con esta información, pero la PGJCDMX sí contó con ella desde el inicio de la investigación –curiosamente, esta información sí evitó filtrarla a los medios- y vale la pena preguntarse si la cercana relación del padre del probable asesino de Lesvy con un funcionario de alto rango de la “máxima casa de estudios” ha tenido algo qué ver en la forma tan perjudicial -para los derechos de Lesvy y de su familia- en que se condujo la investigación ministerial y si ha tenido qué ver en el resultado final de esa investigación: la clasificación de la muerte de Lesvy como suicidio y no como feminicidio, y la imputación de Jorge Luis González Hernández como probable responsable, no de feminicidio, sino de homicidio simple “por omisión”, es decir, la única responsabilidad que la PGJCDMX reconoce a Jorge Luis González Hernández -pese a todas las pruebas circunstanciales en su contra y las de su violencia brutal hacia Lesvy- es la de no haber impedido que Lesvy se suicidara frente a él, lo cual implica, por supuesto, imponerle una pena infinitamente menor a la que corresponde a un feminicida.

Por estas aberrantes injusticias y violaciones a los derechos humanos, exigimos la inmediata destitución del titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña; así como de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, ya que funcionarias y funcionarios como éstos son directamente responsables de la violación a los derechos humanos de las mujeres en la Ciudad de México y en el país.

La PGJCDMX también debe rectificar su línea de investigación para abordar los hechos como probablemente constitutivos de feminicidio, tal como corresponde de acuerdo al código penal y al protocolo jurídico en la materia.

 ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres!