Agua para los pueblos, no para la minería: demandas urgentes a la ONU a favor de las comunidades que tienen su derecho al agua atacado por transnacionales mineras en Argentina, Brasil, Colombia y Perú

⭕ Extracción de litio, potasio y boro en lagunas alto-andinas de Catamarca, Argentina; extracción de mineral de hierro y logística en el corredor Carajás, Brasil; extracción de carbón en La Guajira y Cesar, Colombia; y, extracción de cobre en el Sur Andino, Perú: son solo algunas intervenciones, con graves impactos negativos,  de la minería transnacional enfrentadas por comunidades locales. Por eso una red internacional de organizaciones de la sociedad civil ha lanzado la campaña ¡Agua para los pueblos!: transnacionales, respeten nuestros derechos, que quiere informar y hacer denuncias sobre los daños e impactos en los Derechos Humanos por parte de empresas mineras transnacionales en territorios de Argentina, Brasil, Colombia y Perú, con especial énfasis en el derecho al agua y la autodeterminación de los pueblos

Consecuencias para los pueblos que protagonizan la campaña ¡Agua para los pueblos!

❌  En Argentina, el caso de la minería transnacional de litio, potasio y boro, se lleva a cabo en un sitio Ramsar, en lagunas altoandinas del oeste de Catamarca, un ecosistema frágil de gran aporte y necesidad para al equilibrio de la humedad planetaria. Las empresas obtuvieron la aprobación para la etapa exploratoria y de extracción piloto - que implica perforaciones, trazados, construcción de caminos, entre otras construcciones, además de extracción y secado solar de salmuera- sin estudios hidrogeomorfológicos que informen oficial y fehacientemente acerca de la capacidad hídrica total de las cuencas afectadas por los proyectos, ni de la magnitud de los impactos para las fuentes de agua superficiales y subterráneas en un ecosistema con déficit hídrico. De esta forma, la minería pone en riesgo la continuidad del recurso hídrico y de las fuentes de la vida de las comunidades campesinas que viven de la producción agrícola y silvopastoril.

❌ En Brasil, la transnacional minera Vale S.A. impacta todos los dias la salud de cientos de miles de personas y sus formas de vida tradicionales, en particular su derecho al agua. En la comunidad de Piquiá de Baixo, en Açailândia, Maranhão, en la Amazonía brasileña, hace más de 30 años que las aguas de los ríos son contaminadas con mineral y polvo de hierro, además de desechos tóxicos que los fabricantes de acero descargan directamente en los ríos, causando enfermedades y muertes en la población. En Enero 2019 el desastre en Brumadinho (estado de Minas Gerais, sureste) provocó una ola tóxica que dejó 272 muertos y un grave impacto ambiental. En la ciudad de Itapecuru-Mirim, los afrodescendientes del quilombo Santa Rosa dos Pretos han tenido parte de sus tierras tomadas por Vale S.A. para la construcción y duplicación del ferrocarril Carajás, quedando sin fuentes de agua y alimentos. 

❌ En Colombia, en los departamentos del Cesar y La Guajira, la extracción de carbón a cielo abierto ha dejado profundos daños en el territorio y en la salud de las comunidades locales, las cuales son particularmente campesinas, afrocolombianas e indígenas. El desvío de ríos, la contaminación y el uso excesivo del agua por parte de las empresas son problemas alarmantes, ya que las multinacionales han privatizado el recurso dejando a las comunidades sin acceso al agua para el consumo humano. Tan solo en el departamento de La Guajira, según miembros de las comunidades afectadas e investigaciones de ONG, se han desviado, secado, explotado o apropiado,  al menos 17 arroyos y se han contaminado por lo menos otras 50 relevantes fuentes de abastecimiento hídrico, incluido el principal río de la región, el río Ranchería, con gran cantidad de agentes químicos contaminantes y metales pesados que hoy han hacen que sea difícil encontrar fuentes de agua que puedan ser utilizadas para el consumo humano. Todo esto en una región en la que han muerto más de 5 mil niños wayuu y otros 40 mil se encuentran en grave estado de desnutrición. Adicionalmente el reasentamiento obligado ha llevado la ampliación de la frontera minera. 35 comunidades han sido desplazadas forzosamente de sus territorios debido a la actividad minera, de las cuales solo 5 han sido reasentadas, en condiciones que no han garantizado una reparación, sino que por el contrario han revictimizado a las comunidades. 

❌ En Perú, las empresas mineras transnacionales MMG Las Bambas y Glencore no cumplen con asumir sus responsabilidades por las afectaciones al agua. Se invisibilizan los impactos reales en ríos, bofedales y manantiales, y en el caso de Glencore no asume ningún tipo de responsabilidad por la situación de la calidad del agua en la provincia de Espinar, departamento de Cusco, que ha generado que más de 700 personas se encuentren contaminadas con metales pesados en su organismo, según diversos dosajes realizados por el Ministerio de Salud. Así mismo, las actividades empresariales contribuyen a causar afectaciones al derecho a la vida, a la libertad de expresión, la libertad de tránsito y el derecho a la protesta, a través de mecanismos coercitivos como los convenios de seguridad suscritos con la Policía Nacional, las declaratorias permanentes de los estados de emergencia, y criminalización y persecución penal de cientos de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos.

✅ Los pueblos protagonistas de la campaña ¡Agua para los pueblos!, y las entidades que los apoyan solicitan a la ONU:

1⃣  una misión de relatoría con el tema específico de las afectaciones de las actividades extractivas mineras a los Derechos Humanos al agua y a la soberanía y la autodeterminación en los cuatro países de la acción y otros casos América Latina; 

2⃣  que exhorte a los Estados miembros a la construcción de un tratado vinculante sobre Derechos Humanos y empresas transnacionales sobre la base fundamental del derecho a la autodeterminación, con una participación protagónica de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso. Los Principios Rectores generaron un debate interesante y necesario acerca de las responsabilidades de las empresas en la vulneración de Derechos Humanos, pero hoy existe un consenso entre las organizaciones de la sociedad civil acerca de la necesidad urgente de la construcción del tratado vinculante;

3⃣  que exhorte a los Estados miembros y a las instituciones encargadas del tema hídrico que lo regulen en beneficio de las comunidades, y que no permitan que las autoridades estatales y las empresas la desviación de ríos y sus afluentes. Por ejemplo, las autoridades ambientales no pueden continuar entregando en concesión el agua superficial y subterránea para intereses corporativos. Se necesita ponerle fin a la captura corporativa de la institucionalidad ambiental. Necesitamos que el agua deje de ser vista desde una perspectiva mercantil y sea realmente un bien común.