“Piatúa Resiste”: la lucha contra las hidroeléctricas en la Amazonía

Actualmente, en el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza se lleva a cabo una lucha por detener la construcción de una hidroeléctrica en el río Piatúa, pues como comentan los dirigentes comunitarios de esa localidad, la implementación de este proyecto causaría un desastre ecológico que alteraría de una manera irreversible el medioambiente, dejando sin caudal al río y produciendo daños de gran magnitud a lo largo de 15 kilómetros.
Definitivamente, los gobiernos y la naturaleza nunca han tenido buena relación en nuestro país. Para los presidentes de turno, el suelo y el agua no han sido más que una mina de oro a la que hay que roer hasta dejarla en huesos. Ejemplos sobran, donde la explotación petrolera, minería a pequeña, media o a gran escala, o la construcción de hidroeléctricas han generado terribles consecuencias en los sitios donde han sido ejecutadas. La justificación que dan los dirigentes del Estado a estos “megaproyectos”, es que son en beneficio del país y para el progreso de la comunidad. De ahí que se utilicen todo tipo de propaganda y acciones para implantarlas a la fuerza o a través de “negociaciones” conciliadoras, desde alegatos legales -uso de la fuerza pública, persecución a dirigentes, etcétera- hasta acciones camufladas de intimidación, compra de conciencias u otras formas de amedrentamiento.

Actualmente, en el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza se lleva a cabo una lucha, justamente, por detener la construcción de una hidroeléctrica en el río Piatúa, pues como comentan los dirigentes comunitarios de esa localidad, la implementación de este proyecto causaría un desastre ecológico que alteraría de una manera irreversible el medioambiente, dejando sin caudal al río y produciendo daños de gran magnitud a lo largo de 15 kilómetros. Cristian Aguinda -presidente de la organización PONAKICSC, perteneciente a la Confenaie- nos comenta que la empresa encargada de la obra, GENEFRAN S.A, ha sido constituida, especialmente, para la realización de esta obra. Y debido a la oposición que han presentado las comunidades afectadas por este proyecto, sus habitantes y dirigentes han sido víctimas de varias formas de intimidación y amenazas, como citaciones judiciales, con el fin de desmovilizar su sólida organización comunitaria.

Sin embargo, Aguinda comenta que esta persecución les ha fortalecido y, por este motivo, en el mes de agosto realizaron un campamento juvenil en el que varios miembros y dirigentes de diversas organizaciones indígenas y sociales se dieron cita para debatir la construcción de la hidroeléctrica. Acudieron, aproximadamente, cien personas, que tuvieron una participación activa, mostrando solidaridad y apoyo a las acciones que se han tomado y se vayan a emprender desde las comunidades involucradas. Durante este evento se destacó la buena organización, movilización y capacidad de repuesta que ha tenido el colectivo ante las varias confrontaciones que se han presentado desde el inicio de la construcción de la obra en 2013, cuando gobernaba aún Rafael Correa. Y es que, a pesar de todas las acciones en contra que han tomado gobierno y empresa, incluso también las administraciones locales, se han mantenido firmes y convencidos de que no deben ceder. De que, si no están compactos y predispuestos, serán presa fácil ante cualquiera de las medidas que tomen esas instancias de poder. De todo esto está convencido el dirigente indígena y otros que dan muestras de apoyo incondicional y que, además, tienen también el apoyo de otras organizaciones de mayor envergadura, como la Conaie .

Todo esto nos hace pensar que nuestros gobiernos, incluido el de Lenin Moreno, no tienen otro plan para el territorio ecuatoriano que el de la extracción, sin medir las consecuencias ecológicas, humanas y sociales. Menos mal que, como se decía en la guayusada (ese ritual indígena de la Amazonía, que consiste en levantarse a la madrugada, tomar guayusa y conversar sobre los sueños y la vida colectiva) de los días del campamento: la tierra, la pachamamita, es lo único que se tiene para conservar la vida, y los gobiernos locales o nacionales no van a hacer nada por ella. Es la comunidad, y solamente la comunidad, la que debe defenderla, aunque -citando las voces de los jóvenes participantes- pueda costar la vida.

Finalmente, hablando desde otra perspectiva, muy escasa ha sido la acogida del poder mediático a nivel nacional de todos estos hechos. Los grandes medios de comunicación no han informado sobre la situación que se vive, por ejemplo, en este sector o en otros donde los problemas entre empresas extractivas y población son evidentes, y donde, también, se mantienen confrontaciones. Al parecer, para estos grupos comunicacionales el enemigo era únicamente el anterior gobierno, y desde que salió, muestran un panorama de normalidad, como si todos los problemas se hubiesen solucionado de la noche a la mañana. Como si los enfrentamientos, la inequidad, el abuso, los problemas sociales o ecológicos hubiesen desaparecido. Hay que destacar, no obstante, que radios comunitarias y periodistas independientes sí han estado al tanto y han denunciado lo que acontece en este sector. Con mayor razón, ahora vale repetir aquello de que “a la comunidad solo puede salvarle su propia organización, su lucha y su firmeza”.