La confección de las listas, para el Congreso, en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos siguen siendo cerradas y bloqueadas, constituyendo una anomalía democrática al limitar la capacidad de los electores, que no pueden elegir a sus candidatos concretos, teniendo que conformarse con el orden de salida que establece el líder de turno; afianzándose la jerarquía y el clientelismo.

No es extraño, así, que se relacione a los políticos por su pugna por el poder más que por la defensa de soluciones a los problemas.

La Ley Electoral data de enero de 1977, es preconstitucional, fue diseñada por los expertos de la Moncloa para asegurar que el partido de Adolfo Suárez ganara las elecciones generales de aquel año y para fortalecer los partidos recién creados y a sus dirigentes; buscando liderazgos fuertes, que después se han convertido en los mayores obstáculos para la democratización interna de los partido políticos, y evita que los electores tengan realmente algo que decir.

Probablemente sin listas bloqueadas no se hubieran producido las sucesivas repeticiones electorales exprés. Con la actual Ley Electoral las encuestas se mueven de un lado al otro sin salir del corsé de las últimas mayorías de estos cinco años porque los instrumentos electorales solo permiten movimientos pendulares, con poco recorrido, cediendo que las jerarquías de los partidos impongan su rigidez ideológica, no permitiendo cambios significativos en los perfiles de los candidatos.

Solo si la ley obligara a candidaturas con inclusión de pluralidad de matices ideológicos y el votante pudiera elegir preferencia de voto, entonces, las elecciones dependerían más de las personas y, no tanto, de las imposiciones de los líderes.