Lucía (nombre ficticio), oriunda de la localidad de Burruyacú, de la Provincia de Tucumán en Argentina, tiene 11 años de edad. Por los medios de  comunicación se dio a conocer que quedó embarazada producto de una violación.  

Previo a la violación, su madre fue privada de la responsabilidad parental en el año 2015, debido a que su pareja  abusó de las hermanas mayores de Lucía, por lo que se hizo un depósito de persona a favor de su abuela materna.

El 23 de enero de 2019, se conoció por los medios locales, en el Centro de Atención Primaria de Salud, se tomó conocimiento de que la pareja actual de la abuela de 65 años violó, a la niña quien cursaba un embarazo de 16 semanas, producto de esa violación.  La niña ingresó el 31 de enero de 2019, al Hospital Eva Perón, por orden de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de la Provincia de Tucumán. Además esta fiscalía ordenó la detención inmediata del agresor, lo cual no tenemos constancia de que haya ocurrido.

Tucumán: declaró la nena de 11 años violada y la justicia evalúa la interrupción del embarazo. 11/02/2019 https://www.lanueva.com/nota/2019-2-11-23-37-0-tucuman-declaro-la-nena-de-11-anos-violada-y-la-justicia-evalua-la-interrupcion-del-embarazo

El 5 de Febrero una psicóloga del Sistema Provincial de Salud realiza la primera entrevista con la niña, en la que cuenta que habían buscado junto a su madre un lugar donde realizar el aborto en forma clandestina. Se destaca que la madre remarcó que ningún profesional le había informado hasta ese momento respecto de los derechos de la menor para acceder a un aborto no sancionado y legal en Argentina. La niña remarca en esa entrevista no querer continuar con el embarazo.

“La niña llora” Pagina|12 - 21/02/2019 https://www.pagina12.com.ar/176284-la-nina-llora

El 11 de febrero, en Cámara Gesell, la niña reiteró su intención de interrumpir el embarazo,contaba con 22 semanas de gestación. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia realizó del 18 de febrero de 2019 una nueva entrevista a la niña para corroborar la información, ello ha implicado  que el embarazo forzado curse aproximadamente la semana 23. Esta actuación del Estado ha perpetuado la violencia que sufre la niña, dando continuidad al delito cometido.

En el expediente que investiga la causa de penal, una doctora forense manifestó en su informe que hay un alto riesgo obstétrico si la niña continúa el embarazo. Sin embargo en el expediente hay un acta realizada por una junta médica en la que intervienen: la Directora del Instituto de la Maternidad “Nuestra Señora de las Mercedes”, el vicedirector de la misma Institución, la directora del Hospital del Este, entre otrxs Profesionales de la Salud, donde detallan los supuestos riesgos a los que se sometería la niña en caso de que se le realice la ILE, entre los cuales señalan que en un futuro podría tener complicaciones para tener hijos y que era complicada una ILE por vía vaginal para la niña, por lo que no recomendaban la práctica además de manifestar que “en caso de continuar el embarazo, con controles prenatales adecuados y periódicos, las complicaciones “no serían mayormente significativas (sic) que en la población en general: hipertensión arterial inducida por el embarazo, diabetes gestacional, restricción del crecimiento, anemia, parto prematuro (terminado en cesárea)”.

Legislación Nacional es clara respecto de la legalidad de las prácticas de Aborto No Punible y de la falta de requisitos que obstaculicen y demoren estas intervenciones;  desde el Fallo F.A.L se omite como requisito el proceso judicial y basta con el pedido y declaración jurada de la víctima.

Lucía ha sido aislada y se ha restituido la representación legal a su madre, quien ha estado sujeta a presiones que le han impedido firmar el consentimiento para la ILE.

Solicitamos que el Gobierno de Argentina cumpla con sus obligaciones internacionales y con las normas internas a fin de que de manera urgente y con la debida diligencia, se garantice a Lucía:

• Medidas necesarias para garantizar su derecho a la vida, a la salud,  a la intimidad a la integridad personal y psicológica y a la reparación del daño como víctima de un delito;
• De ser positiva la evaluación, se le conceda su deseo de terminar el embarazo forzado en apego a los estándares clínicos basados en evidencia;
• El acceso a la justicia con el apoyo de funcionariado sensible y capacitado especializado en la atención a niñas víctimas de violencia sexual y;
• Se restituyan y protejan todos sus derechos.

Exigimos además al Estado Argentino, implemente medidas de no repetición, ya que éste es uno más de los múltiples casos que se han hecho públicos en el país, donde se dilata la atención, se obstruye  la decisión de la menor, se prioriza la viabilidad fetal sobre la vida de la niña y se emiten juicios de valor no apegados a la evidencia científica.

Finalmente, pedimos que se implementen protocolos y políticas públicas con enfoque de derechos y perspectiva de género, para prevenir, atender y reparar, donde el foco esté centrado en las niñas víctimas.