Conforme al informe del Consejo General del Poder Judicial de 31-1-2019 la actual incompatibilidad entre abogados y procuradores vulnera la normativa comunitaria y va contra la libre competencia, generando un perjuicio económico a todos los españoles y extranjeros residentes en España al estar obligados a contratar un procurador para acceder a la justicia que en el resto de países del mundo no es obligatorio. 

Por eso pedimos la eliminación de la obligatoriedad del procurador en la Justicia española.