En este momento de crisis económica histórica como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, tanto los bienes esenciales de los consumidores como las pocas ayudas federales que los puertorriqueños esperamos recibir están en peligro directo de ser embargados.

Lo anterior responde a que en Puerto Rico la ley que protege de embargo los bienes de los ciudadanos y consumidores por parte de acreedores y agencias de cobro se llama el “Código de Enjuiciamiento Civil”, un arcaico estatuto legal que data del 1933.

Contrario a lo que existe en casi todos los estados de la nación, este estatuto del comienzo del siglo pasado NO protege de embargo “beneficios de asistencia pública” ni “compensación por desempleo, entre otras. Así mismo, contrario a lo que aplica en casi todos los estados, esta ley del 1933 NO protege de embargo las cuentas de retiro, 401K ni al menos un vehículo de motor de valor módico.

Lo anterior implica que todo ciudadano que tenga una orden de embargo en contra de su cuenta bancaria perderá inmediatamente cualquier dinero que el gobierno local o federal le deposite como parte de los incentivos federales que fueran aprobados por el Congreso Federal bajo el CARES Act. Este estatuto supone que cada ciudadano reciba $1,200, más $500 por cada menor dependiente. Sin embargo, esta ley federal tiene una enorme laguna al no prohibir el embargo judicial o administrativo de estos fondos. Esta situación ha sido denunciada por múltiples organizaciones nacionales de protección al consumidor (NACBA; NCLC; etc.)

El Proyecto de la Cámara 25 (PC 25) fue presentado por el Presidente de la Cámara de Representantes, Hon. Carlos “Johnny” Méndez Núñez, el 2 de enero de 2017. Este proyecto atiende esta laguna del CARES Act al prohibir de embargo todo “beneficio de asistencia pública”. Además, la medida moderniza nuestro Código de Enjuiciamiento Civil al proteger de embargo los bienes más básicos de los ciudadanos. Se trata del mismo tipo de protección que existe en todo otro estado de la nación.

Según el título del PC 25, su propósito es “aclarar y fortalecer los bienes  que estarán protegidos de embargo, gravamen, congelación, en caso civiles de ejecución de sentencia, o presentaciones de peticiones de quiebra, de manera que el consumidor tenga una herramienta adicional en tiempos de crisis económica personal y nacional para proteger sus bienes básicos de subsistencia.”

En medio de la pandemia por el COVID-19, es patente que estamos atravesando una “crisis económica personal y nacional” sin precedentes. Por tanto, la aprobación inmediata del PC 25 debe ser las más alta prioridad de la Asamblea Legislativa y la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced.

Para más detalles sobre la medida y su impacto pueden visitar el portal alertalegalpr.com .

En base a lo anterior, se firma esta petición en solicitud urgente por la aprobación inmediata del PC 25.