Los y las abajo firmantes, nos pronunciamos por el cierre de la causa penal que la justicia federal de San Martín mantiene abierta hace más de seis años contra nueve manifestantes por entorpecimiento del tránsito en el marco de un conflicto laboral sobre la autopista Panamericana.

La Cámara Federal de San Martín ha revocado ya por quinta vez los sobreseimientos dictados por la jueza de instrucción Alicia Vence, insistiendo en la criminalización de la protesta de quienes se manifiestan en las calles. El último fundamento para ello, ha sido que la causa no puede cerrarse mientras uno de los imputados sea trabajador contratado del Estado, equiparándolo así con un funcionario público que puede influir o estorbar en la investigación.

Con este insólito antecedente, para los y las 4 millones de empleados públicos que hay en el país las causas penales jamás se cerrarían hasta que se jubilen, sentando una peligrosa jurisprudencia para todos los trabajadores estatales y también para toda persona que eventualmente pudiera ser imputada junto a uno de ellos en alguna causa penal.

En un expediente plagado de arbitrariedades, se llega al colmo de que cuatro personas permanecen imputadas y procesadas sin siquiera pruebas de haber interrumpido el tránsito, sino por el mero hecho de haberse presentado en la causa a denunciar las lesiones provocadas por el operativo represivo de la Gendarmería.

Por tales motivos, solicitamos el desprocesamiento y cierre de esta causa insostenible, iniciada en el marco del legítimo ejercicio del derecho a la protesta.

PRIMERAS ADHESIONES:

Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz);

Nora Cortiñas (Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora);

Mirta Baravalle (Cofundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo);

Sergio Maldonado, defensor de los DDHH

Roberto Gargarella (jurista, abogado constitucionalista y sociólogo);

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH);

Servicio Paz y Justicia (SerPaJ);

Secretaría Derechos Humanos CTA Autónoma;

Cecilia Moreau, Diputada Nacional;

Nicolás del Caño, Diputado Nacional;

Patricia Walsh (diputada nacional M.C);

Myriam Bregman, Diputada Ciudad de Buenos Aires;

Claudio Dellecarbonara, Diputado Provincia de Buenos Aires;

Alejandrina Barry; Diputada Ciudad de Buenos Aires;

Juan Carlos Giordano; Diputado Nacional;

Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD);

Comisión de Prevención y Seguimiento contra la Violencia Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;

Asociación de Abogados Laboralistas;

Comité de Acción Jurídica (CAJ) en la Federación Internacional de Derechos Humanos;

Marcela Brizuela de Ledo (Madres Plaza de Mayo Filial La Rioja);

María del Carmen Verdú;

Ismael Jalil;

CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional);

Carlos "Sueco" Lordkipanidse (sobreviviente y querellante ESMA);

Encuentro Militante Cachito Fukman (EMCF);

H.I.J.O.S. Zona Oeste;

Herman@s de desaparecidos por la Verdad y la Justicia;

Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU);

Carla Lacorte (víctima gatillo fácil);

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH);

Colectivo Memoria Militante;

y centenares de organizaciones y referentes políticos, sociales, estudiantiles y gremiales...