La reforma a la salud presentada por el Gobierno Nacional recoge en su esencia las aspiraciones de sectores sociales, étnicos y políticos diversos de todo el territorio colombiano, que se han movilizado durante más de 3 décadas para exigir el cambio de un sistema que ha entorpecido y en muchos casos impedido en acceso al derecho fundamental a la salud.

Desde la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, conformada por 135 organizaciones de derechos humanos de todo el territorio nacional, creemos firmemente que esta reforma representa un avance hacia la construcción de un Estado desarrollado desde la perspectiva de los derechos humanos, tanto fundamentales como económicos, sociales y culturales, individuales y colectivos, propios del Estado social de derecho, como lo mandata la Constitución Política de 1991. Debido a esto, las organizaciones abajo firmantes presentamos al Gobierno Nacional y a la sociedad civil 10 razones para apoyar la reforma a la salud.

Primera razón: Se propone recuperar la dirección, gestión y administración del sistema de salud, y no delegar esta responsabilidad estatal en entidades privadas que manejan los recursos de la salud desde una lógica de mercado y lucro, generando problemas de acceso, oportunidad y calidad en la atención necesaria en salud para la población.

Segunda razón: Se propone la reestructuración del modelo de atención en salud, orientándolo hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, como resolución inmediata a las enfermedades. Esto a través de la Estrategia de Atención Primaria Integral y Resolutiva en Salud (APIRS). Con centros urbanos y rurales equipados para atender la salud familiar y comunitaria según sus necesidades y territorios.

 Tercera razón: La APIRS estará articulada a redes integrales e integradas de servicios de salud (RIISS) de alta calidad, suficiencia y estímulo para lo público y privado, con el objetivo de garantizar la atención en salud cuando se requiera y lo que se necesite con seguimiento permanente.

Cuarta razón: Se propone fortalecer la salud pública y el trabajo intersectorial para eliminar las condiciones de vida que deterioran la salud, los llamados “determinantes sociales de la salud”, como ordena la ley estatutaria, en lo municipal, departamental y nacional, con amplia participación social. Esto permitiría la interdependencia y garantía de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales para lograr calidad de vida.

Quinta razón: Se garantiza la gobernanza democrática para que se den decisiones democráticas y transparentes con un gobierno colegiado y participativo del sistema de salud, mediante un esquema de consejos en diferentes instancias y niveles territoriales, para que sean ellos los que orienten la política pública, definan las prioridades de uso de los recursos públicos y hagan permanente veeduría y control social de su manejo.

Sexta razón: Se plantea el desarrollo de un sistema único y público de información que permita: 1) Historia clínica única para lograr la portabilidad y acceso en cualquier lugar de país a la atención en salud que se necesite. 2) Saber las condiciones de salud de la población. 3) Acceso transparente a la información de la administración de los recursos, para ejercer vigilancia, control y veeduría participativa.

Séptima Razón: Desarrollando varios mandatos de la ley estatutaria, se establece orientación para las políticas de servicios farmacéuticos, medicamentos, tecnologías en salud y ciencia y tecnología e innovación en salud. Lo que nos permitiría lograr soberanía sanitaria, el desarrollo de la industria nacional en salud y la superación de los problemas que generan los derechos de propiedad intelectual en este campo.

Octava Razón: Impulso para que se formalice la Política de Formación y Educación Superior en Salud que permita contar con talento humano suficiente en distintas técnicas, tecnologías, profesiones y especialidades en salud y afines, disponible en todas las regiones del país acorde con el concepto de Territorios Saludables.

Novena Razón: Se propone un régimen laboral especial que deberá ser reglamentado y concertado con los más de un millón de trabajadores involucrados, así como una política de formación del personal de salud cada vez más pertinente y ajustada a la diversidad de necesidades y la superación de inequidades acumuladas.

Decima Razón: Para profundizar la democracia en salud esta reforma fortalecerá la participación social para que se concrete la intervención consciente, activa y vinculante de las personas en los procesos de atención y de toma de decisiones, individuales y colectivos en salud. La participación ciudadana deberá ser ejercida de manera autónoma por las personas, en cualquier instancia del sistema.