Justicia para Francisco González
21 de noviembre de 2022
El día de hoy, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a cargo de María Eugenia Campos Galván, sus colaboradores en la Fiscalía General de Estado y sus afines en el Tribunal Superior de Justicia, cometieron una gravísima violación de los derechos humanos al privar de su libertad de manera ilegítima a Francisco González Arredondo, quien desempeñara el cargo de Agente del Ministerio Público y posteriormente el de Fiscal Especializado en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada durante la pasada administración, un servidor público de carrera quien, en cumplimiento de la ley, y sobre todo, de su deber como Fiscal, realizó un trabajo ejemplar, apegado a derecho y dentro del ámbito de sus atribuciones en la investigación y sanción de hechos de corrupción cometidos por el ex gobernador César Duarte y de quienes integraron su red delictiva.
Para comprender la gravedad de estos hechos, es importante recordar lo siguiente. César Duarte Jáquez, terminó en el 2016 su periodo como gobernador del Estado de Chihuahua con bienes y propiedades que resultaron del desvío de más de 6 mil millones de pesos, y que se acreditó en las 14 órdenes de aprehensión libradas en su contra que sustentaron además su proceso de extradición por el que se encuentra actualmente detenido. Esto fue posible ya que Duarte construyó una red delictiva para el desvío de los recursos públicos, coordinada directamente por él y operada a través de incondicionales que estaban al frente de las dependencias de gobierno. Duarte construyó una red de protección que operaba mediante entregas de dinero en efectivo a diputados locales, el Auditor Superior del Estado, líderes de opinión, columnistas y medios de comunicación, incluso sacerdotes, lo cual fue probado en las audiencias públicas de cada una de estas causas penales.
La corrupción de César Duarte y su círculo cercano fue tan descarada y visible que, tanto en Chihuahua como a nivel nacional, el ‘duartismo’ ha sido evidenciado como sinónimo de corrupción.
Durante la administración siguiente, encabezada por el entonces gobernador Javier Corral Jurado, quién resultó electo gracias al hartazgo y exigencia ciudadana de romper el pacto de impunidad, investigar y llevar a la justicia a quienes resultaran responsables de los abusos cometidos durante el duartismo, en un acontecimiento sin precedentes se logró la difícil hazaña de reunir las pruebas necesarias para llevar a la justicia a los principales responsables del desfalco en contra del pueblo de Chihuahua. Este hecho fue un parteaguas a nivel nacional y un ejemplo inédito de lucha anticorrupción, mismo que se documentó por parte de organizaciones de la sociedad civil e incluso medios internacionales de comunicación, debido a sus implicaciones e impacto en la vida pública, no solo del estado, sino del país.
Llevar a la justicia a Duarte y a sus aliados fue posible gracias a que decenas de servidoras y servidores públicos, valientes e íntegros, con estricto apego a la ley y en absoluto cumplimiento de sus atribuciones cumplieron con su deber de investigar estos hechos de manera profesional, imparcial y sin distinciones partidarias. En concordancia

con los más altos estándares de investigación y con los principios del sistema penal acusatorio, en audiencias públicas y abiertas fue posible acreditar con pruebas estos hechos de corrupción y lograr órdenes de aprehensión y en muchos de los casos incluso sentencias condenatorias por los delitos cometidos en perjuicio del erario público y del patrimonio de las y los chihuahuenses en contra del propio ex gobernador, de quienes fueran secretarios de estado, diputados y empresarios quienes notoria y evidentemente se enriquecieron ilegalmente en el duartismo.
Hace unos meses, al inicio de la presente administración estatal, antiguos colaboradores cercanos al régimen de César Duarte fueron designados en cargos importantes en los tres ámbitos de gobierno de Chihuahua. En este contexto, los empresarios y exfuncionarios duartistas que en su momento se encontraban vinculados a proceso bajo prisión preventiva oficiosa o quienes fueron encontrados culpables de los delitos imputados e ingresados un centro penitenciario por hechos probados de corrupción, denunciaron haber sido víctimas de “tortura psicológica”. Derivado de estas inverosímiles declaraciones de tortura, y del regreso de los duartistas a posiciones de poder en los tres ámbitos de gobierno, incluyendo la titularidad del Poder Judicial, por su cercanía con la hoy gobernadora María Eugenia Campos Galván quien fuera en su momento vinculada a proceso por formar parte de la ‘nómina secreta’ de César Duarte, y en un afán revanchista en contra de quienes cumplieron con su deber de investigar, perseguir y sancionar los hechos de corrupción demostrados, es que se realiza la detención a todas luces ilegal del antiguo fiscal que en su momento, y gracias a su ética y compromiso, logró castigo para las personas responsables de estos delitos. Nadie en Chihuahua y nadie en México pone en duda la corrupción exacerbada que transcurrió pública e impunemente durante el duartismo. Ni siquiera sus cercanos ¿Por qué creer una inverosímil declaración de tortura psicológica de su parte?
Francisco González Arredondo ha sido un servidor público ejemplar, como lo acredita su extensa trayectoria, con una formación académica extraordinaria y un reconocimiento a nivel nacional e internacional por su desempeño en materia penal de más de 17 años. Destaca además su trabajo precisamente en colaboración con las organizaciones de defensa de los derechos humanos y a favor del debido proceso. Su detención el día de hoy no solo evidencia el control del duartismo de los poderes ejecutivo y judicial en Chihuahua, sino que atenta contra el derecho a la verdad y a la justicia de todas las personas. Es una afrenta al estado de derecho y consolida el retorno de un régimen de impunidad y abuso de autoridad en perjuicio de la ciudadanía, pero, sobre todo, manda una señal gravísima de amenaza en contra de quienes se dedican al combate a la corrupción en México, quienes pagarán dicha transgresión con su libertad.
Quienes firmamos este comunicado, exigimos se detenga la flagrante violación de los derechos humanos en este caso, así como la inmediata liberación de Francisco González Arredondo.