A día de hoy, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, lxs responsables de las residencias y demás centros de atención a dependientes son avisados, con antelación, de las visitas de las inspecciones de servicios sociales, incluso, en caso de denuncia son informados del objeto de la misma con el tiempo suficiente para ocultar lo que no quieren que vean las inspecciones y simular un impecable funcionamiento.

Esta práctica corrupta y delictiva de las administraciones, boicoteando sus propias inspecciones, constituye uno de los mayores atentados contra el buen funcionamiento de los centros socio-sanitarios y, en definitiva, contra la correcta prestación de los servicios sociales que, por imperativo legal, tienen la obligación de garantizar.

A nadie se le escapa la proximidad temporal de una inspección, todo cambia en la residencia. Sabemos el día exacto de la inspección: la comida es de “calidad” y abundante, en los turnos se incrementa el personal, se resuelve la sobre-ocupación ocultando o trasladando a las personas usuarias a otros centros…y la víspera acude el servicio de mantenimiento.

Trabajadorxs, familiares, usuarixs, asociaciones de pensionistas y otras, llevamos años denunciando públicamente y ante los poderes públicos esta práctica. Lxs responsables de las Administraciones, una y otra vez, niegan con arrogante despotismo “la mayor”. Con el mismo descaro repudian la apertura de una investigación sobre los hechos denunciados. Clara evidencia de su implicación en las filtraciones. 

Recordemos que sin una inspección eficaz no se puede garantizar un servicio mínimo de calidad, ni el bienestar de lxs residentes, ni el cumplimiento de los ratios de personal, ni se pueden investigar quejas y reclamaciones, ni velar por la cobertura de las necesidades básicas de atención o de evaluación y seguimiento de las personas usuarias, asistencia sanitaria, comida, higiene, calidad de los servicios, denuncia de casos de abandono, incumplimientos legales, maltrato, etc., todo eso tan fundamental, queda al libre albedrío de las residencias cuando no existe inspección, o esta se vuelve inoperativa al ser boicoteada por sus superiores desde su posición privilegiada. 

Desde UCMR, no ponemos en entredicho la labor de lxs funcionarixs inspectorxs. Sin embargo, cuestionamos seriamente la capacidad de gestión y la labor de los cargos superiores, responsables de usar con premeditación métodos de trabajo disruptivos en la prestación del servicio público que no blindan el secreto de las inspecciones.

Esta actuación ilícita de las Administraciones tiene por finalidad garantizar la impunidad de los centros “amigos” en detrimento de los cuidados y derechos de las personas más vulnerables y del cumplimiento del mandato del artículo 9.2 de la Constitución.

 Como conclusión, diremos que los “chivatazos” descritos non son más que un eslabón dentro de un proceso torticero, en el que se muestra la frivolidad con la que los responsables de las Administraciones actúan ante los problemas sociales. Cítese, caducidad de expedientes, resoluciones de reclamaciones en serie, prescripción de faltas, sanciones ridículas en las que el lucro es de docenas de miles de euros superior a la sanción, fallecimientos sen esclarecer, malos tratos sen investigar...

Por todo eso PEDIMOS : Que se establezcan para todo el estado un protocolo que garantice el secreto en las inspecciones, los hay,  por ejemplo permitir que el inspector  decida  el centro a inspeccionar entre los que tenga asignados, informando a sus superiores solo en el momento de iniciar la inspección.

22-02-2024