En la actualidad tenemos que sufrir el acoso constante en nuestros números telefónicos por parte de empresas muchas de ellas ubicadas fuera de territorio nacional que no respetan la normativa vigente ni sistemas actuales para evitar recibir llamadas no solicitadas como la Lista Robinson.

El gobierno debería legislar para poner fin a este tipo de llamadas legislando y ejerciendo la responsabilidad final a las empresas que se ven beneficiadas por estas actividades de dudosa legalidad o forzar a las operadoras telefónicas que trabajan bajo concesión pública a atajarlo de raiz.

En un principio fue actividad habitual de las distribuidoras de las operadoras telefónicas pero en la actualidad se está extendiendo a otras ramas como la distribución eléctrica.

También es fuente habitual de fraude y estafa.

Estamos en 2022, no me creo que no hayan medios técnicos para evitarlo ya que no debe ser difícil detectar el alto tráfico que generan de llamadas.