Señor Edgar Olmedo, Presidente del Instituto Paraguayo del Indígena – INDI:

Los abajo firmantes exigimos la realización inmediata de la transferencia de las 38.406 hectáreas (finca 8525, padrón 3186) compradas por el Estado Paraguayo, precisamente por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), en el año 1998 con la única finalidad de ser entregadas a la Comunidad Manjui Wonta – Santa Rosa, así como la compensación de los daños causados por la no entrega de las mismas durante 23 años a raíz de la devastación de esta parte esencial del Espacio de Vida del Pueblo Manjui.

Nos preocupa de sobremanera la enorme dimensión de los impactos negativos y daños irreparables respecto a la exclusión territorial de los Manjui de su territorio ancestral y relativos a la destrucción de su espacio de vida y, en consecuencia, incluso en su desarrollo demográfico, causados durante más de dos décadas por la no entrega de las mencionadas tierras no solamente en la población de la Comunidad Wonta – Santa Rosa, sino a nivel de todo el Pueblo Manjui, una población en peligro de desaparición como etnia, puesto que la misma en parte muy significativa vive en esta comunidad.

Nos preocupa enormemente que esta situación se ha generado a raíz de graves delitos y crímenes cometidos por funcionarios públicos dentro y fuera de la institución a su cargo, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), colmatando en forma excesiva no solamente la paciencia de los miembros de este pueblo indígena, sino también de la sociedad civil entera, puesto que estos hechos ya habían sido denunciados públicamente por un medio masivo de comunicación en diciembre del año 2010, es decir unos 12 años después de la titulación de las mencionadas tierras en nombre del INDI. Sin embargo, la institución a su cargo aún ha continuado, después de estas denuncias, incluso durante 11 años más, cometiendo delitos y crímenes en contra de los derechos territoriales de esta población indígena.

La institución a su cargo es la responsable principal de esta gravísima situación, habiendo obstaculizado en total durante 23 años, casi equivalente a un cuarto siglo, el desarrollo de las prácticas culturales, económicas y de subsistencia de esta población, causando en todo este tiempo indirectamente también impactos en la salud física y mental de la misma, por lo que exigimos de la institución a su cargo como órgano rector del bienestar de los indígenas la toma inmediata de medidas de cautela, en forma integral, para parar los procesos destructivos que continúan desarrollándose plenamente en este territorio tradicional indígena, a manera de una limpieza étnica, y no alargar aún más el sufrimiento de la población de la Comunidad Wonta – Santa Rosa y del Pueblo Manjui.