La derogatoria del decreto 1844 de 2018, por el decreto 2114 de 2023, implica que los policías no podrán incautar a quienes tengan o porten sustancias ilegales que excedan la dosis personal. Según el sustento del nuevo decreto, la capacidad institucional debe centrarse en no criminalizar a las personas consumidoras. 

También debe contrarrestar y atacar la oferta de sustancias psicoactivas, así como las estructuras de crimen organizado dedicadas al microtráfico y narcotráfico, como un fenómeno transnacional.

Es importante tener en cuenta que la situación del consumo de sustancias psicoactivas debe ser tratada como un problema de salud pública en el que se desarrollen estrategias eficaces de prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas. Esto puede incluir programas de educación, campañas de concientización, políticas de reducción de daños, acceso a servicios de tratamiento y rehabilitación, y promoción de estilos de vida saludables. 

Por otro lado, no solo se convierte en un problema de salud pública, también se debe garantizar que en parques, centros educativos y sitios deportivos del Distrito sea restringido el consumo de sustancias psicoactivas.

La Constitución Política en el artículo 44 señala que todos los derechos de los niños son fundamentales y prevalecen sobre los demás, por tanto, corresponde a la “familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. 

De acuerdo con cifras del DANE en la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENCSPA) del año 2019  las cifras de consumo en Colombia son: 

• Las sustancias ilegales más consumidas son: marihuana (8,8%), cocaína (2,1%), sustancias inhalables (1,6%),  éxtasis (0,7%), basuco (0,5%) y heroína (0,1%).
• A nivel nacional, la edad promedio de inicio de sustancias ilegales es entre los 18 y 20 años.
• Con respecto a la disponibilidad y oferta de sustancias psicoactivas, el 54,9% de las personas de 12 a 65 años informaron que les sería fácil conseguir marihuana.
• De las mujeres de 12 a 65 años que han estado embarazadas alguna vez en su vida o estaban embarazadas al momento de la entrevista, 6,9% informaron haber consumido alguna sustancia psicoactiva en su embarazo actual o anterior con una estimación mayor para los rangos de 18 a 24 años (9,6%) y 25 a 34 años (7,6%).
• En Bogotá el 11,4% de las personas entre 12 y 65 años son consumidores de sustancias ilegales

De acuerdo con el Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá publicado en 2022 realizado por la Secretaría de Salud y la Oficina de las Naciones unidas contra la drogas y el delito, las cifras son las siguientes: 

• El 19.31% de la población global ha usado alguna droga ilícita al menos una vez en su vida (con un 24.77% en el caso de los hombres y un 14.17% entre las mujeres)
• El grupo de edad con mayor prevalencia de consumo de sustancias ilícitas en el último año es el de 18 a 24 años, con el 15.83%, seguido por el grupo de 25 a 34 años, con el 10.44%, y el de 12 a 17 años, con el 8.89%.
• Según la edad, la mayoría de las personas que cumplen los criterios de abuso y dependencia están entre los 12 y 17 años, y representan 27.477 personas de la población total de esa edad, seguido por los jóvenes, con casi el 6%.
• Marihuana: es la sustancia ilícita de mayor consumo en Bogotá. De las personas encuestadas, el 14.95% dice haber consumido esta sustancia al menos una vez en la vida. 

Es importante tener en cuenta que estas cifras son estimaciones y que el consumo real de sustancias psicoactivas podría ser mayor, ya que muchas personas pueden no reportar su consumo por temor a la estigmatización o a las consecuencias legales. No se trata de estigmatizar esta conducta, se trata de darle el acompañamiento adecuado a estas personas, y crear programas de prevención para todos los ciudadanos. La decisión del presidente Gustavo Petro va en contravía de tener espacios libres de consumo, que hagan de los parques en zonas aptas para que los niños y sus familias no se expongan a comportamientos nocivos que afectan su desarrollo.