Al Delegado de Gobierno de la Región de Murcia.

Mediante la presente, las personas y colectivos firmantes, queremos expresarle nuestra preocupación ante los hechos que se están desarrollando en Murcia y el peligro que suponen para la convivencia en nuestra ciudad. Y solicitamos así mismo su compromiso para estar vigilante ante procesos como el que sufre nuestra compañera Sandra, a fin de que no vuelvan a producirse en el futuro, ya que atentan directamente contra la democracia y los derechos ciudadanos que la sustentan, como el derecho de reunión y manifestación. 

Las vecinas de Murcia vivimos demasiados momentos de tensión durante los años 2017 y 2018, y solo gracias al compromiso de personas que no desistieron en sus aspiraciones legítimas, aún cuando los gobernantes de entonces intentaron imponer la represión y el miedo al diálogo, hoy llega la alta velocidad a Murcia en condiciones de seguridad y sin muros. 

El 8 de marzo de 2018, una manifestación multitudinaria y pacífica recorrió las calles de Murcia, decidiendo culminar la misma en la Calle Orilla de la Vía, en muestra de solidaridad con la lucha vecinal que se había intensificado desde el inicio de las obras del AVE en septiembre de 2017. A pesar de contar con todas las comunicaciones para ello, y habiendo trascurrido una jornada reivindicativa sin incidentes, una inexplicable actuación policial sembró el caos mediante la violencia.

Desde aquel día, nuestra compañera y vecina Sandra sufre un proceso judicial injusto, sobre la base de una acusación inverosímil, sin que exista ninguna prueba contra ella. 

Sandra es una persona pacífica que con su compromiso con los Derechos Humanos hace de Murcia un lugar mejor para vivir. Pero ahora lleva sufriendo un castigo de 5 años aún siendo inocente, en los que su vida se ha visto suspendida por la posibilidad de una pena privativa de libertad. 

Este es un proceso penal impregnado de la lógica de la Ley Mordaza, donde la declaración policial, aun con contradicciones, y sin relacionar a nuestra compañera con ningún ilícito, es suficiente para la privación de derechos fundamentales. Y es también un proceso que la mayoría de la ciudadanía no entendemos: ¿Cómo es posible que personas comprometidas de forma desinteresada con el bienestar de todas estén siendo enjuiciadas sin pruebas?

Con esta carta, agradecemos a todas las personas que no desistieron en la lucha vecinal para que la alta velocidad llegara soterrada a Murcia, y solicitamos la absolución de Sandra, y de todas las que cinco años después siguen sufriendo desagradables e injustas consecuencias por aquél compromiso. Así como también reiteramos nuestra solicitud para que desde Delegación de Gobierno hay un compromiso de no repetición de este tipo de procesos que vulneran nuestra seguridad y ponen en peligro la calidad democrática de nuestra Región. 

@TodasConSandra

#SandraAbsolución