Esta petición se dirige al gobierno y a las autoridades competentes de la justicia penal de Colombia para apoyar inmediatamente el caso de vulneración de derechos humanos a la sindicalista Dibett Quintana.

Dibett Quintana trabaja en la industria petrolera desde 2002 y se afilió a la Unión Sindical Obrera (USO) ese mismo año. Participó en la huelga de 2004 para defender la empresa petrolera colombiana (ECOPETROL), que el gobierno de Uribe había intentado privatizar. Ese año, Dibett Quintana fue objeto de prácticas antisindicales como el aislamiento dentro de la empresa y la estigmatización constante de los derechos y libertades sindicales por parte de los empresarios. 

En 2016, Dibett Quintana fue agredida física y moralmente en la refinería de Barrancabermeja por tres guardas de seguridad de ECOPETROL por organizar y apoyar actividades sindicales. El caso fue desestimado por la fiscalía, a pesar de todas las pruebas presentadas (testimonios, fotos y videos están disponibles y pueden ser consultados). 

El 13 de febrero de 2019, Dibett Quintana fue secuestrada, torturada y violada en Aguachica (departamento del César). Han pasado cuatro años de impunidad absoluta. El caso sigue pendiente en la Fiscalía de Aguachica. Continuó recibiendo amenazas de muerte contra ella y sus cuatro hijos, lo que obligó a ella y a su familia a exiliarse en Chile con sus propios medios y con el apoyo de la USO. Ha regresado a Colombia y ha reanudado sus actividades sindicales, pero solo puede viajar en un coche blindado y con tres guardias armados.

Exigimos que el juicio se celebre en Bogotá y no en Aguachica, donde tuvo lugar el atentado. Se sabe que esta zona está en manos de los paramilitares, que libran una verdadera guerra contra los sindicalistas. Celebrar el juicio allí supondría revivir los dolorosos y traumáticos hechos, es imprescindible que el juicio se cierre y que las amenazas de muerte no se materialicen.

Para garantizar la justicia para Dibett, el juicio debe celebrarse en Bogotá. Pedimos a las autoridades colombianas que garanticen su derecho a la justicia.