Provincia de Santa Cruz, diciembre de 2022.

A los/as Intendentes y Comisionados/as de Fomento:

Quienes suscriben la presente en forma conjunta con la Vocal por los pasivos, Beatriz Constantino; y el Vocal por los activos, Hugo Jerez; ambos en ejercicio de sus funciones en representación de los afiliados/as, en el Directorio de la Caja de Servicios Sociales, venimos a solicitar se dé curso a la presente solicitud a través de los órganos Ejecutivos y Legislativos correspondientes a su comunidad.

En primer término, peticionamos para el caso que a la fecha no se encuentre efectivizado, se dé cumplimento con la adhesión de la localidad que Ud. representa, a la Ley Provincial N° 3677, de Reestructuración de la Caja de Servicios Sociales, comúnmente conocida como Ley de Normalización de la Obra Social Provincial.

En su artículo 3 expresa: "Las Municipalidades podrán adherir al régimen de la presente ley, previa sanción del instrumento legal correspondiente emanado del Honorable Concejo Deliberante respectivo"; exigiendo a su vez la revisión de la Ley de Coparticipación para sostener la contribución a largo plazo a la obra social.

En segundo término, venimos a solicitar que en forma urgente se proceda a regularizar, a valores actualizados, la deuda total que la localidad mantiene en concepto de aportes personales y contribuciones patronales con la Caja de Servicios Sociales, conforme las obligaciones que reviste como agente de retención y a la vez contribuyente a la misma.

Ambas requisitorias tienen origen y justificación en el descuento salarial mensual que se realiza a cada agente municipal en concepto de aporte a la Caja de Servicios Sociales, que se encuentra reflejado en los recibos de sueldo pero no se destina a los fines para los cuales se descuenta, agravado por el hecho que no se ha rendido cuenta pública al respecto.

Esta omisión de la administración indica que se estaría incurriendo en dos delitos: o bien existe una falsificación de documento público haciendo constar descuentos inexistentes en los recibos de sueldo violando la fe pública y evadiendo obligaciones de la seguridad social; o el descuento se hace efectivamente y entonces estamos ante el delito de retención indebida ya que los fondos no aparecen.

Sin perjuicio de la gravedad de la situación legal expresada, la adhesión a la nueva Ley de Reestructuración permitiría comenzar a ordenar las cuentas, a pesar del mecanismo poco transparente y eficiente de regularización de deuda que se propone, pero obligaría a cada municipio a comprometerse en garantizar la cobertura en salud a la ciudadanía.

En la actualidad, evidenciar el monto real de aportes evitaría continuar con el desfinanciamiento constante de la obra social que ve recortadas sus posibilidades de recursos propios, asistencia oportuna, cobertura integral y opciones de prestadores de las distintas especialidades.

La falta de aporte directo además, condena a la obra social a sujetar su economía, que por ley debiera ser autárquica, a partidas discrecionales del Poder Ejecutivo que distan considerablemente de los aportes genuinos que debieran ingresar conforme la cantidad de afiliaciones a nivel provincial, impidiendo toda proyección, previsión y planificación en materia de salud.

Por lo expuesto y atento existen responsabilidades diversas y complementarias que imposibilitan optimizar nuestra obra social, sanear las deudas y transparentar el manejo de los fondos retenidos, es que realizamos esta presentación exigiendo un abordaje serio de la situación por la afectación directa que genera la discrecionalidad en nuestra salud y en la economía familiar.

Saludan a Ud. atentamente.